En el relato oficial del Gobierno, el mercado de trabajo argentino experimenta una modernización sin precedentes. Los discursos oficiales celebran la creación de cientos de miles de «nuevos puestos de trabajo» y un ecosistema de supuestos emprendedores independientes, libres de las ataduras estatales y los convenios colectivos tradicionales. Sin embargo, detrás del optimismo oficial se esconde una realidad estadística distorsionada. Las cifras de empleo que exhibe el oficialismo no reflejan una revolución de productividad o inversiones, sino un fenómeno bien conocido por los economistas del trabajo: el crecimiento exponencial del empleo de refugio.
La trampa radica en los criterios de medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y los registros de la Secretaría de Trabajo. Para el manual estadístico internacional que aplica Argentina, cualquier persona mayor de 14 años que haya trabajado al menos una hora en la semana de referencia a cambio de un ingreso (monetario o en especie) es considerada jurídicamente como «ocupada».
Bajo este paraguas metodológico, un repartidor de Rappi o Pedidos Ya que pedalea doce horas diarias para subsistir, un vendedor ambulante de tortillas al costado de la ruta, o un cartonero que revuelve la basura urbana en busca de cartón cuentan exactamente igual en los cuadros de empleo que un ingeniero en sistemas contratado bajo relación de dependencia.
Este fenómeno, técnicamente denominado «cuentapropismo de baja calificación», ha alcanzado niveles críticos, rozando los máximos históricos de la pandemia de 2020. Los datos oficiales muestran un retroceso sostenido del empleo asalariado formal en el sector privado (que perdió unos 200.000 puestos desde el inicio del ciclo económico de la actual gestión), compensado artificialmente por el salto del trabajo independiente. Nueve de cada diez empleos generados en los últimos dos años pertenecen a este segmento precarizado.
El Gobierno utiliza las altas de monotributistas para blindar su discurso. Pero la realidad de esos «nuevos trabajadores autónomos» dista mucho de la narrativa del microemprendedor exitoso. En este universo entran los kioscos improvisados en las ventanas de las casas de familia para sumar ingresos mensuales que ayuden a pagar la luz; pequeños comercios de cercanía que se funden a los pocos meses por la brutal caída del consumo; o la venta online de ropa usada y productos de bajísima rotación a través de redes sociales.
También allí se camuflan los choferes de Uber o Cabify, quienes en su gran mayoría no eligen la aplicación como una salida autónoma y flexible, sino como el último colchón de subsistencia tras haber sido despedidos de fábricas o comercios tradicionales.
La paradoja macroeconómica de este modelo es perversa: la tasa de desempleo puede mantenerse en niveles estables o mostrar variaciones marginales, pero la pobreza de la población trabajadora sigue escalando. Es el fenómeno del «trabajador pobre», personas que aun teniendo una ocupación formal o informal no logran cubrir la canasta básica. El trabajo independiente forzado no es dinamismo; es un amortiguador de la crisis. El 73% de quienes integran el cuentapropismo de baja calificación opera en la informalidad total, sin aportes jubilatorios, sin licencias por enfermedad, sin cobertura de obra social y con ingresos que dependen exclusivamente de la calle.
Presentar la proliferación de economías de subsistencia y el autoempleo precario como un logro de la «flexibilización laboral de hecho» constituye una manipulación semántica. El mercado laboral argentino no se está modernizando, se está fragmentando. Detrás de los números fríos que celebran la supuesta creación de empleo, lo que verdaderamente se expande es la desprotección y la precarización de la fuerza de trabajo.