El reciente informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, titulado «Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del empleo en la Argentina (2010-2025)», ha encendido todas las alarmas en el arco socioeconómico del país al exponer con dureza los límites y contradicciones de las políticas laborales vigentes. Aunque las estadísticas oficiales suelen refugiarse en niveles de desempleo técnicamente bajos, la investigación desnuda una realidad mucho más compleja y alarmante: el mercado de trabajo argentino no está sanando, sino mutando hacia un escenario de profunda precariedad e informalidad. El diagnóstico pone en jaque la narrativa gubernamental de estabilización al demostrar que la mentada reconversión económica está dejando desamparados a millones de trabajadores que transitan desde empleos formales hacia el cuentapropismo de mera subsistencia.
La principal crítica metodológica y conceptual que se desprende del análisis del documento radica en cómo la economía actual ha disociado el crecimiento sectorial de la generación de valor humano. Durante los últimos quince años, pero con una marcada agudización entre 2023 y 2025, los sectores más dinámicos de la economía, como las finanzas, la minería y la energía, no han logrado derramar puestos de trabajo de calidad ni absorber la mano de obra que expulsan la industria y el comercio tradicional. El estudio revela que casi la mitad de los ocupados en el país hoy sobrevive en el sector microinformal. Este dato destruye la ilusión de que la desregulación de los mercados y las reformas laborales de flexibilización corporativa impulsadas por la gestión de Javier Milei puedan, por sí solas, solucionar un problema que es profundamente estructural. Los analistas de la institución académica fueron categóricos al advertir que darles más libertades y fluidez a las empresas difícilmente cree empleo de calidad si no se modifica la matriz productiva subyacente.
Otro de los puntos más álgidos y críticos del informe es la creciente brecha de ingresos, la cual no hace más que profundizar la desigualdad social. Al contrario de lo que dictan las premisas del libre mercado, donde se supone que la libre competencia equipara las oportunidades, los mejores salarios siguen estando estrictamente concentrados en aquellos sectores registrados que cuentan con un fuerte respaldo gremial y convenios colectivos de trabajo. La caída de los puestos asalariados públicos y privados ha empujado a los desocupados a «autogenerarse» el sustento cotidiano en la informalidad absoluta, sin ningún tipo de protección social ni previsión para el futuro. Incluso dentro del universo del empleo registrado, las condiciones se han precarizado notablemente, evidenciando un aumento de trabajadores en blanco que quedan completamente desprotegidos y por fuera de las negociaciones colectivas. El informe de la UCA, de este modo, funciona como un duro baño de realidad: mientras la macroeconomía exhibe números ordenados en los papeles, la estructura social del trabajo se resquebraja, demostrando que la flexibilización laboral sin un plan de desarrollo productivo real solo acelera la pérdida de derechos y condena al grueso de la población al refugio de la informalidad.