La insensibilidad oficial ha alcanzado una nueva cumbre. En medio de un escenario macroeconómico asfixiante, donde la morosidad en el sector privado encadena su decimonovena suba consecutiva, la respuesta del Gobierno nacional no ha sido el diseño de medidas de contingencia ni el alivio fiscal, sino la abierta estigmatización de los damnificados. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ensayó una pirueta retórica indignante al responsabilizar directamente a las familias de su propia ruina financiera, afirmando sin tapujos que «la gente no sabe manejar sus ingresos».
Las alarmantes estadísticas oficiales del Banco Central de la República Argentina no mienten: la deuda atrasada de los hogares se multiplicó por cinco en menos de dos años. Esta velocidad de degradación sistémica no registra antecedentes cercanos y evoca los fantasmas de la crisis de la Convertibilidad.
Sin embargo, para la administración oficial, este naufragio colectivo no obedece al desplome del poder adquisitivo, a la precarización laboral que ya arrastra al 44,2% de los de los trabajadores, ni a la parálisis económica generalizada; se trata, según el portavoz, de una simple falta de educación financiera doméstica.
En su rueda de prensa, Ravier sentenció que a veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones, reduciendo una catástrofe social a un problema de límites individuales al usar la tarjeta.
La ceguera gubernamental ante la asfixia del consumo es alarmante. Con los bancos privados retirados casi por completo de la oferta de nuevos créditos y una banca pública exhausta, las familias han recurrido de forma desesperada a canales financieros no tradicionales.
En ese submundo, la morosidad en las entidades no financieras trepó drásticamente al 32,2%, evidenciando que el endeudamiento ya no financia el progreso ni la inversión, sino la supervivencia diaria para cumplir con los compromisos. Las familias pasaron del 12,1% al 12,7% de mora en solo un mes, mientras que las empresas subieron del 3,3% al 3,5%, demostrando que la cadena de pagos general está bajo una presión insoportable.
El impacto distributivo de este fenómeno tiene un sesgo generacional devastador, siendo los jóvenes menores de 35 años las principales víctimas de este escenario: el 40% de ellos posee al menos una línea crediticia irregular o directamente impaga.
Esta juventud se encuentra atrapada en un laberinto de deudas impagables que compromete su futuro laboral y financiero antes de haber consolidado su vida adulta.
Catalogar esta tragedia estructural como un mero «proceso de aprendizaje» que se solucionará con «el correr del tiempo» expone un grado de desconexión dramático con la realidad de la calle. Mientras el Gobierno nacional insiste en blindar su relato culpando a los consumidores por llevar la tarjeta al límite, los datos oficiales ratifican que las familias argentinas no sufren de ignorancia financiera, sino de un brutal empobrecimiento que las empuja cotidianamente al abismo del default.