En un escenario donde el bolsillo del trabajador parece ser el único amortiguador de la crisis, el transporte público en la región se encamina hacia un colapso que combina desidia estatal y voracidad tarifaria.
Mientras el Ministerio de Transporte bonaerense intenta maquillar con una «consulta ciudadana» lo que ya se perfila como un aumento inevitable, los usuarios de La Plata, Berisso y Ensenada se preparan para enfrentar un boleto mínimo que superará la barrera psicológica de los $1.000 a partir de mayo.
Esta instancia participativa, lejos de ser un ejercicio democrático real, asoma como un mero formalismo administrativo para legitimar un golpe al bolsillo en un contexto de salarios que corren muy por detrás de la inflación.
La situación se agrava al observar el panorama general del AMBA, donde el ajuste no solo es monetario, sino también operativo. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la frecuencia de los colectivos ha caído drásticamente, con hasta un 40% menos de unidades en las calles en los servicios interjurisdiccionales que dependen de Nación y Provincia.
Esta retirada del servicio público se justifica en el aumento del combustible, que ya supera los $2.100 por litro, dejando en evidencia la desconexión total entre las estructuras de costos oficiales y la realidad del mercado. La gestión de los subsidios aparece hoy como un agujero negro de $17.500 millones mensuales que ninguna jurisdicción parece dispuesta a cubrir con eficiencia, prefiriendo trasladar las ineficiencias al pasajero.
El deterioro no es nuevo, pero se ha profundizado hasta niveles críticos: la flota operativa actual es un 12% inferior a la de 2019, lo que demuestra un vaciamiento sostenido del sistema bajo diferentes administraciones. Mientras el Gobierno Nacional cierra accesos a la prensa y el Provincial se escuda en fórmulas matemáticas frías, la realidad en las paradas de colectivos es de incertidumbre y desprotección.
El transporte, esencial para el estudio y el trabajo, se ha transformado en un bien de lujo y en un foco de conflicto social latente, donde la falta de inversión y la ausencia de soluciones estructurales condenan a los ciudadanos a pagar cada vez más por un servicio que, paradójicamente, funciona cada vez menos.