El inminente desembarco de un mega local de importaciones chinas de unos 200 metros cuadrados en pleno centro de Berisso desató una verdadera tormenta política y social. No es para menos, ya que en una economía local asfixiada, la instalación de un gigante de estas características no representa una sana competencia, sino el certificado de defunción para los almacenes, bazares y tiendas tradicionales que sostienen el empleo genuino en la ciudad.
El malestar comercial e institucional, visibilizado por la Cámara de Comercio local, destapó una contradicción alarmante en la gestión municipal, que intentó camuflar las reuniones previas con el grupo inversor asiático bajo la excusa de discutir el desarrollo del puerto, alimentando las sospechas y la indignación de los vecinos.
Ante la presión de una comunidad comercial en pie de guerra, el intendente Fabián Cagliardi recibió ayer a los representantes del sector en un intento por calmar las aguas de un conflicto que quema. Sin embargo, el jefe comunal ensayó una frase que, lejos de llevar tranquilidad, encendió más alarmas al asegurar que iba a «hacer lo posible» para evitar la instalación. Cabe interrogarse con seriedad sobre el verdadero peso de esa afirmación, ya que resulta insólito plantear cómo se entiende que un intendente trate o haga lo posible respecto a una habilitación comercial en su propio distrito.
Un jefe comunal no es un espectador de la realidad ni un mediador neutral, sino la máxima autoridad política y administrativa del partido. El poder de policía, la regulación del suelo, las ordenanzas de zonificación y las normativas específicas de radicación comercial, como las exigencias de residencia previa e impacto socioeconómico, están bajo la órbita directa de su administración y del Concejo Deliberante que su propio espacio lidera. Cuando un mandatario recurre al verbo tratar, traslada la responsabilidad a un terreno abstracto, como si la radicación de un megacomercio dependiera de fuerzas místicas ajenas a su firma.
La decisión final sobre si el centro de Berisso se transforma en un polo de desprotección para el comerciante local es estrictamente política y recae sobre sus hombros. El comercio tradicional genera mano de obra de la región, reinvierte sus ganancias en el barrio y sostiene la estructura económica local, por lo que permitir una competencia desleal de esta escala, amparándose en una supuesta imposibilidad legal de frenarla, sería darle la espalda a los propios vecinos.
Los comerciantes ya no tienen margen para discursos de ocasión ni promesas de buena voluntad; para defender los puestos de trabajo locales no se necesita un Ejecutivo que intente, sino un intendente que decida, legisle y proteja activamente el motor productivo de la ciudad.