Parece que en el despacho de Milei la falta de gestión se combate con una dieta estricta de películas de espionaje de la Guerra Fría y un preocupante exceso de imaginación.
La última gran apuesta del Gobierno para explicar por qué el país se cae a pedazos no tiene que ver con la inflación, la desidia o la corrupción, sino con un oscuro plan de desestabilización orquestado, por supuesto, desde las gélidas tierras de la Rusia de Putin.
Según esta teoría, que roza lo psicodélico, el Kremlin estaría financiando a medios locales mediante pagos quirúrgicos para derrocar a nuestras impolutas autoridades. Es una narrativa tan conveniente como absurda: si algo sale mal, no es por impericia propia, sino porque un espía con acento cerrado y un maletín lleno de rublos decidió que hoy era un buen día para tuitear contra el oficialismo.
Lo más desopilante de este «Rusiagate» de cabotaje es su origen. Mientras las potencias mundiales usan servicios de inteligencia satelital, nuestro Gobierno basa su denuncia en un mensaje de WhatsApp que se volvió viral en grupos de militantes trasnochados. De ese chat de tías indignadas se saltó a la presentación de supuestos «facsímiles» como prueba irrefutable. Para el lector que aún vive en el siglo XXI y no está familiarizado con términos arqueológicos, un facsímil no es más que una reproducción casi perfecta de un documento antiguo o una firma, algo que hoy cualquier adolescente con una aplicación gratuita de edición de fotos puede fabricar en cinco minutos mientras espera el colectivo.
Estos papeles, que el oficialismo agita con la solemnidad de quien halló los Manuscritos del Mar Muerto, tienen la misma validez probatoria que un billete de tres pesos, es decir, NO TE DAN LA FOTOCOPIA DE UN CUADERNO, AHORA TENES QUE «IMAGINAR» LA FOTOCOPIA.
Mientras el Ejecutivo se pierde en este laberinto de fantasías soviéticas, la realidad se encarga de recordarnos los verdaderos escándalos que sí tienen pruebas, y no precisamente en formato de facsímil dudoso. Podríamos enumerar la red de contrataciones directas a empresas fantasmas de amigos y familiares de Adorni, Caputto o Sturzeneguer, las causas por enriquecimiento ilícito que crecen más rápido que la deuda pública en la familia Caputto, que arrancó con un departamento y ya tiene cuatro casas y varias propiedades, las coimas de ANDIS y los audios donde funcionarios de primera línea discuten cómo repartirse el botín o la mega estafa, con amigo incluido de la Criptomonedas, la mujer de Adorni en el Avión Presidencial, sus viajes en jets privados y mucho más.
Esas son las pruebas que sobran: expedientes judiciales, testimonios grabados y cuentas bancarias que no cierran. Sin embargo, para el Gobierno es mucho más sencillo señalar a un enemigo invisible en Moscú que explicar por qué hay más parientes nombrados en el Estado que soluciones en la calle.
Sostener que la crisis actual es fruto de una intervención rusa es, además de un insulto a la inteligencia del ciudadano promedio, una muestra de desesperación terminal. Es la etapa del «ah pero los rusos» llevada al extremo del ridículo.
Mientras buscan al espía debajo de la cama, los escándalos reales siguen acumulándose en la puerta de la Casa Rosada, esperando una respuesta que no llegue en forma de complot internacional.
Al final del día, resulta que el único plan de desestabilización eficiente ha sido el propio manual de funciones del Gobierno, que no necesitó de ningún pago extranjero para lograr el caos; lo hicieron solitos, gratis y con una eficiencia que ya quisiera cualquier agente de la KGB.