La decisión del Poder Ejecutivo conducido por Milei, de acudir a la Corte Suprema para frenar la Emergencia en Discapacidad representa un capítulo alarmante en la escala de prioridades de la gestión actual, donde el «equilibrio fiscal» parece ser la única vara para medir la validez de los derechos humanos básicos.
Al presentar un recurso extraordinario federal a través de la Procuración del Tesoro, el Gobierno no solo busca desarticular una legislación aprobada doblemente por el Congreso, sino que explícitamente antepone la «sostenibilidad de las finanzas públicas» por sobre la dignidad y el soporte vital de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Resulta cínico argumentar una «situación de gravedad institucional» basada en el costo presupuestario de cumplir con la ley, cuando la verdadera gravedad institucional radica en el incumplimiento sistemático de normativas nacionales e internacionales que protegen a las personas con discapacidad.
Bajo la premisa de combatir un supuesto fraude, el proyecto oficialista propone un reempadronamiento obligatorio que funciona, en la práctica, como una guillotina administrativa: cualquier demora o error formal derivará en la baja automática de beneficios.
Esta lógica de sospecha permanente, la cual no se aplica a los funcionarios Adornos, Spagnuolo, Menem y otros, castiga al beneficiario y utiliza la burocracia como un mecanismo de ajuste encubierto.
Lo más grave es el carácter regresivo de las reformas propuestas. Establecer una «incompatibilidad absoluta» entre la pensión y cualquier forma de trabajo registrado es una condena al aislamiento productivo.
En lugar de fomentar la autonomía y la inclusión laboral, el Estado empuja a las personas con discapacidad a elegir entre la subsistencia mínima de una pensión —ahora limitada al 70% de una jubilación mínima— o la precariedad de un mercado laboral que pierde sus programas de incentivos.
Al eliminar el nomenclador nacional y desregular las negociaciones con obras sociales, el Gobierno desampara a los prestadores y precariza aún más la atención, dejando el financiamiento a merced de convenios discrecionales que rompen la equidad territorial. No se trata de una búsqueda de eficiencia, sino de un retiro del Estado que deja la vida de miles de ciudadanos supeditada a un frío cálculo de caja.