La institucionalidad en Berisso atraviesa sus horas más oscuras tras la decisión del oficialismo de enviar al archivo el proyecto de repudio contra el secretario de Seguridad, Gabriel Marotte, por sus amenazas verbales al concejal Federico Ruiz.

En una sesión cargada de tensión, el bloque del PJ–Fuerza Patria, junto a Unión Renovación y Fe, blindó al funcionario con 10 votos a favor del archivo contra 9 de la oposición, dejando un mensaje inquietante: la violencia, cuando proviene de la gestión, no tiene consecuencias.

El episodio, ocurrido en plena Comisión de Transporte y Tránsito, fue calificado por los ediles opositores como un hecho de gravedad institucional extrema, especialmente considerando que proviene de quien tiene la responsabilidad máxima de cuidar a los vecinos.

Federico Ruiz, protagonista y víctima del ataque, brindó un testimonio crudo en la misma sesión, sobre la irrupción de Marotte, quien no solo ingresó violentamente al recinto de trabajo, sino que regresó en una segunda instancia para reiterar sus amenazas ante la mirada de otros concejales. El edil lamentó profundamente que, tras el incidente, no existiera un gesto mínimo de reparación política o humana: no hubo disculpas personales ni públicas. «Pongo la otra mejilla y lo perdono», sentenció Ruiz, evidenciando el vacío de respuestas de una gestión que prefirió el silencio corporativo antes que la coherencia democrática.

Este blindaje oficialista no es un hecho aislado, sino que abre una peligrosa puerta a la normalización de la agresión como herramienta política. La falta de repudio a las palabras de Marotte —quien habría prometido «cagar a trompadas» al edil en la calle— parece haber validado un clima de hostilidad que ya se trasladó a las gradas y a otros actores políticos.

Un ejemplo claro de esta degradación es la denuncia penal radicada, el mismo día, por el concejal Daniel Del Curto, quien apoyó al oficialismo, contra Fabián Lagorio, coordinador local de La Libertad Avanza, quien, Según la denuncia, habría increpado violentamente a Del Curto por su postura durante la votación, recibiendo acusaciones de corrupción y descalificaciones personales como «¿qué querés esperar de un burro si no una patada?».

La situación en el Honorable Concejo Deliberante se ha vuelto insostenible. Si el propio cuerpo legislativo no es capaz de garantizar la seguridad de sus miembros frente a los arrebatos de los funcionarios ejecutivos, la garantía de protección para el ciudadano común en la calle se vuelve una ficción.

Al archivar el repudio a Marotte, el oficialismo no solo protegió a un secretario de Seguridad con modos de matón ante sus pares, sino que se convirtió en cómplice de una espiral de violencia que hoy tiene a concejales pidiendo medidas cautelares y revisión de cámaras de seguridad para poder cumplir con su mandato.

La política en Berisso ha dejado de ser un espacio de debate para transformarse en un escenario de amedrentamiento, donde la impunidad parece ser la única ley vigente, eso sí, todo depende de quién seas y a quien apoyes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *