La jueza de Ejecución Penal, quien hace nueve meses emitió una sentencia definitiva contra la principal productora de herbicidas del país, ha confirmado el incumplimiento de las medidas urgentes establecidas para detener el daño ambiental en la planta industrial de San Nicolás.
En marzo de 2023, un fallo histórico condenó a la empresa Atanor, la mayor productora de herbicidas del país, por causar daños irreversibles en el río Paraná mediante la descarga ilegal de desechos tóxicos. Además, se le ordenó llevar a cabo acciones urgentes para evaluar el riesgo ambiental.
De acuerdo con el reporte de Primera Plana, el fallo emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás también confirmó que la empresa de origen estadounidense contaminó el aire, el suelo y los alrededores de su planta industrial ubicada en el área urbana de San Nicolás. Durante décadas, los residentes de los barrios Química y Ponce de León han denunciado problemas de salud relacionados con la degradación ambiental provocada por los residuos peligrosos.
No obstante, a pesar de los nueve meses transcurridos desde la sentencia judicial —confirmada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás, que impuso una multa de indemnización sustitutiva de 150 millones de pesos—, Atanor aún no ha cumplido con la ejecución de la sentencia.
Recientemente, la Asociación Civil que promovió la acción legal, Foro Medio Ambiental (Fomea), ha denunciado el incumplimiento de las órdenes establecidas por la jueza de Ejecución Penal, Luciana Díaz Bancalari, quien tras confirmar la falta de cumplimiento ha emitido nuevamente un fallo en contra de Atanor.
En el fallo del pasado 19 de diciembre, la jueza ha advertido que la empresa no ha cumplido con los requerimientos urgentes establecidos en la sentencia definitiva del 6 de marzo de 2023 para detener el daño ambiental. Estos incluyen el establecimiento de un sistema efectivo para mejorar el tratamiento de residuos peligrosos, la implementación de un plan de remediación, la realización de un estudio del suelo por parte de expertos del Conicet y una evaluación socioambiental del vecindario adyacente a la planta industrial, que debía encargarse a la Universidad Nacional de Entre Ríos.
En respuesta a esta situación, la jueza ha ordenado una multa diaria de 50 mil pesos a la empresa Atanor, además de 100 mil pesos adicionales por cada día de demora, una vez que la decisión judicial esté firme.