El inicio del penúltimo mes del año vuelve a poner a prueba la resistencia económica de las familias argentinas. Lejos de dar una tregua, noviembre arranca con una batería de aumentos segmentados en servicios esenciales, transporte, salud y educación que prometen erosionar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto donde los salarios y jubilaciones continúan corriendo de atrás a la inflación.
Uno de los impactos más severos para la región del Gran La Plata golpea de lleno a la movilidad cotidiana. Según lo dispuesto por la cartera de Transporte bonaerense, el boleto de colectivo sufrirá un incremento del 5,1 por ciento a partir del 1° de noviembre. De esta manera, el pasaje mínimo para los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada trepa a 1389,73 pesos con tarjeta SUBE registrada, mientras que las secciones más largas superarán los 2300 pesos. El golpe es demoledor para quienes aún no registraron la tarjeta, quienes deberán abonar un piso astronómico de 2779,46 pesos por tramo. Para un trabajador promedio de la región que toma dos colectivos diarios, el presupuesto mensual destinado únicamente a trasladarse al empleo ya representa una porción asfixiante del haber mensual.
Sin embargo, el costo de viajar no es el único frente abierto. La grilla de incrementos para el undécimo mes del año incluye rubros clave para la canasta familiar que no dan respiro. Las empresas privadas de medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en sus cuotas mensuales, con subas autorizadas de entre el 1,7 y el 2,95 por ciento según la operadora y el plan contratado, trasladando nuevamente el costo de manera automática a las familias que dudan mes a mes entre mantener la cobertura o volcarse al golpeado sistema de salud público.
Por su parte, los colegios con aporte estatal en la provincia de Buenos Aires implementarán un nuevo tramo de aumentos del 3 por ciento en los aranceles de noviembre, al que se le sumará otro porcentaje idéntico para diciembre, encareciendo la cuota escolar justo en el tramo final del ciclo lectivo. En paralelo, las principales prestadoras de internet, televisión por cable y telefonía móvil ya comenzaron a notificar a sus usuarios sobre nuevos incrementos en las facturas de noviembre, que oscilarán en promedio en un 2,5 por ciento, haciendo que un servicio básico para el trabajo y el estudio vuelva a encarecerse por encima del ritmo salarial.
A todo este esquema se suman los contratos de alquiler que aún se rigen por actualizaciones periódicas vinculadas a índices de inflación, junto con el inminente traslado del costo de los servicios y mantenimiento a las expensas ordinarias de los edificios.
La acumulación de estas subas reaviva la discusión sobre el verdadero impacto de las políticas de ajuste tarifario en la economía diaria. Mientras los indicadores oficiales intentan mostrar desaceleraciones en la pauta inflacionaria general, el bolsillo real —el que paga el boleto para ir a trabajar, la factura de internet y la cuota del colegio— registra una asfixia constante. Noviembre empieza sin sorpresas en la agenda del ajuste, pero con una creciente preocupación sobre el margen de maniobra que le queda a la clase media y a los sectores populares para llegar a fin de mes.