El ajuste de Milei pulverizó la inversión en infraestructura nacional a su piso histórico desde 2001. Mientras el sector destruía decenas de miles de puestos de trabajo, algunas empresas de la región leyeron a tiempo que la demanda real estaba en otra escala: los intendentes bonaerenses que siguieron apostando a sus vecinos. Facundo Dadin, presidente de Sol Vial SA, lo cuenta desde adentro.
Los números son duros. Según el INDEC, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se desplomó un 27,4% a lo largo de 2024, marcando el peor año del sector en más de dos décadas. La inversión nacional en infraestructura retrocedió un 75% en términos reales —su piso histórico desde la crisis de la convertibilidad— y el costo humano fue proporcional: el sector destruyó más de 60.000 puestos de trabajo registrados en doce meses.
Para las empresas constructoras de la región bonaerense, ese escenario no fue una estadística sino una realidad cotidiana. Obras frenadas sin aviso, licitaciones nacionales suspendidas, Vialidad Nacional operando a mínima expresión. El mercado que había sostenido al sector durante años simplemente dejó de existir.
El diagnóstico desde la empresa
Facundo Dadin conoce esos números de cerca. Desde hace casi una década dirige Sol Vial SA, constructora ensenadense especializada en obra pública vial, hidráulica y sanitaria. Su mirada sobre lo que pasó en 2024 combina la lectura empresarial con la experiencia de haber atravesado el ciclo completo: el derrumbe y la reconversión.
«La decisión nacional tiene una lógica macroeconómica que uno puede entender —dice—, pero el efecto concreto en el territorio es que se frenaron obras que eran necesarias para la gente. Esas calles siguen sin estar. Esas redes de agua siguen sin estar. El ajuste no detiene la necesidad.»
Para Dadin, la crisis reveló una brecha estructural que el sector conocía pero que el auge de la obra pública nacional había ocultado durante años: la diferencia radical entre la lógica del Estado nacional y la lógica de los gobiernos locales.
«Lo que se vio con claridad en estos dos años es que el Estado nacional y los municipios son dos mundos distintos. Los intendentes tienen un mandato muy concreto: responder a sus vecinos. Y muchos decidieron seguir invirtiendo aunque la plata de Nación no llegara, porque no podían darle la espalda a sus comunidades.»
La baja de Nación no paró a los intendentes
Esa diferencia de lógicas fue la que algunas empresas, Sol Vial entre ellas, aprendieron a capitalizar. Mientras el mercado nacional se contraía, los municipios bonaerenses sostenían una demanda real y continua: pavimentación de calles, redes de agua y cloaca, iluminación pública, espacios comunitarios. Obras de escala local pero de impacto directo en la vida de los vecinos.
La Provincia de Buenos Aires acompañó esa tendencia con política activa: ejecutó más de $1,1 billones en obra pública en 2025 —un 50% más que el año anterior— y el gobernador Kicillof lanzó el programa «Municipios a la Obra», con líneas de financiamiento específicas para que los distritos bonaerenses no frenaran su inversión local frente al retroceso nacional.
En ese mapa, municipios de la región como Berisso y Ensenada mantuvieron su actividad en infraestructura local, apostando a la obra como herramienta de gestión y desarrollo territorial incluso en el contexto más adverso para el sector a nivel nacional. La misma lógica que se observó en distritos del interior bonaerense: intendentes que priorizaron el resultado concreto por sobre la dependencia del financiamiento federal.
«El empresario que en 2024 esperó a que volviera la obra nacional probablemente perdió tiempo que no va a recuperar —reflexiona Dadin—. Nosotros nos reconvertimos. Pusimos el foco donde la demanda era real y la decisión política de ejecutar estaba firme. Y eso fueron los municipios.»
Sol Vial en el interior: Saladillo como caso
Sol Vial reorientó su cartera hacia los gobiernos locales bonaerenses y hoy tiene presencia activa en el interior de la provincia. En el municipio de Saladillo, la empresa ejecuta obras de infraestructura vial que el propio intendente local ha destacado como parte del plan de mejora urbana del distrito. Es el tipo de vínculo que Dadin describe como el modelo del sector para los próximos años: constructoras regionales con capacidad técnica propia trabajando en alianza estable con municipios que tienen voluntad de obra.
La empresa dispone de flota propia —excavadoras, motoniveladoras, compactadoras, camiones volcadores— y taller mecánico en Gorina, lo que le permite operar en distintos puntos de la provincia sin depender de terceros para el mantenimiento de su maquinaria. Esa capacidad instalada fue determinante para sostener la reconversión en un momento en que los márgenes no admitían ineficiencias.
Una lectura de largo plazo
Para Dadin, el cambio de paradigma no es coyuntural. La subordinación histórica del sector a las grandes licitaciones nacionales mostró, en 2024, toda su fragilidad. La apuesta por el municipio como cliente estable no es una salida de emergencia sino una reconfiguración del modelo de negocio.
«Los intendentes conocen las necesidades reales de sus distritos y tienen voluntad concreta de ejecutar. Las decisiones nacionales dependen de variables que las empresas no pueden anticipar ni controlar. El municipio es más previsible, más cercano y, en muchos casos, más ágil.»
En esa lectura, el Gran La Plata —con Berisso, Ensenada y La Plata como núcleo— representa un territorio con demanda real de infraestructura y una historia de inversión local que el ajuste nacional no logró desactivar por completo. Para las constructoras regionales que supieron leer el mapa, ese territorio es hoy el mercado más concreto que tienen.