El décimo mes del año abre con un nuevo ajuste en los servicios públicos esenciales que impactará de lleno en los golpeados presupuestos familiares. El Gobierno nacional y las empresas distribuidoras terminan de oficializar los incrementos en los cuadros tarifarios del servicio eléctrico y del gas natural para octubre, consolidando una dinámica de actualización continua donde la factura energética consume una porción cada vez mayor de los ingresos medios.
En la electricidad, los ajustes en los costos de distribución fijados para concesionarias como Edenor y Edesur se ubicarán por encima del 2,3%, mientras se define la letra chica del precio mayorista que terminará por encarecer la boleta final. Por el lado del gas natural, los incrementos proyectados escalarán a un promedio del 2,24% para usuarios residenciales a nivel nacional, duplicando la suba que se había otorgado el mes previo y absorbiendo costos diferidos por importaciones invernales.
La medida pone de manifiesto la continuidad de un esquema de quita de subsidios y readecuación tarifaria que no encuentra contención para los sectores de ingresos medios y vulnerables. En un contexto donde los salarios corren por detrás de la acumulación inflacionaria, la persistencia de estos incrementos mensuales transforma a los servicios básicos en un bien de lujo, obligando a los hogares a implementar recortes severos en consumos esenciales para evitar el endeudamiento o el corte del suministro.
El impacto resulta aún más crítico al observar el cuadro general de aumentos de octubre, donde la suba de la luz y el gas se combina en simultáneo con nuevos aumentos en el transporte público, las prepagas, los alquileres y los combustibles. Con este nuevo ajuste tarifario, la promesa de estabilización del costo de vida vuelve a colisionar con la realidad cotidiana de millones de usuarios que mes a mes ven achicarse su poder adquisitivo frente al mostrador de los servicios públicos.