La Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense allanó nueve objetivos en busca de los responsables: un posible líder, Joaquín Aquino, “El Paisa”, ligado a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, fue detenido junto a siete cómplices, en un operativo dispuesto por el juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Paul Starc de Tres de Febrero.

En los nueve allanamientos llevados a cabo en los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y San Martín se secuestraron armas y 15 mil dosis de cocaína en total con un envoltorio traslúcido color turquesa y magenta, similar al incautado ayer en la zona donde la droga sospechada fue vendida.

“El Paisa”, nacido en Paraguay en agosto de 1988, fue arrestado en una casa sobre la calle Chile, en José C. Paz, donde tenía una Glock 9 milímetros con la numeración limada, municiones, dinero en efectivo y tres celulares. En la vivienda había además 5 mil dosis de cocaína.

Aquino tenía un pedido de captura vigente: gozaba de una excarcelación concedida bajo caución juratoria en una causa iniciada en 2018, elevada a juicio al Tribunal Federal N°1 de San Martín.

El operativo siguió en el barrio de Villa Sarmiento, en la localidad de Billinghurst de San Martín. En la primera casa, sobre la calle Sarmiento se encontraron 4,9 gramos de cocaína y un celular, en la segunda, en un terreno lindero, se incautaron 4 mil dosis de cocaína y marihuana, aunque en poca cantidad. También en San Martín, en el barrio Loyola de Villa Concepción se secuestraron en tres domicilios 4224 dosis de cocaína en total, otros tres celulares y 20 mil pesos en efectivo.

Sobre la calle Antofagasta, en Ezeiza, se secuestraron otras 2 mil dosis de cocaína, 4 celulares, una notebook, una tablet y 16 mil pesos. Finalmente, en otra casa de la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverria, se encontró una pistola calibre 9mm marca Bersa Thunder, con sus municiones y más dinero en efectivo.

Existen rumores de que la droga envenenada obedecería a una interna mafiosa parte de una venganza por una disputa territorial. La Justicia de instrucción de San Martín comparte esa línea, pero un avezado investigador federal involucrado en el caso sostiene que la teoría no tiene demasiado sentido.

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