El inicio del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, a ocurrido finalmente tras ocho años de una espera lacerante, no solo reabre las heridas de una de las mayores tragedias navales de la historia argentina, sino que expone de manera cruda la matriz de impunidad y desprecio humano que caracterizó la gestión de Mauricio Macri.
La abogada de las familias, Valeria Carreras, ha sido contundente al describir un escenario de desigualdad ante la ley donde las víctimas, suboficiales sin apellidos ilustres ni recursos económicos, debieron enfrentar no solo al mar, sino a un Estado que les dio la espalda. Resulta inadmisible que, a casi una década del hecho, la justicia solo haya logrado sentar en el banquillo a cuatro altos mandos de la Armada, dejando a la deriva las responsabilidades políticas de quienes ostentaban el mando civil de las fuerzas en aquel 2017.
Mauricio Macri, quien hoy observa el proceso desde la comodidad de su retiro político y sus fueros de influencia, ha logrado eludir el peso de la ley en lo que respecta a su responsabilidad directa en el estado del submarino y las decisiones posteriores al siniestro.
Es pertinente recordar que el único procesamiento que pesó sobre el exmandatario no fue por la muerte de los 44 tripulantes, sino por el espionaje ilegal desplegado contra sus propios familiares, una maniobra de persecución sistemática destinada a silenciar el reclamo de justicia.
Sin embargo, la sombra de Comodoro Py, ese territorio judicial siempre amigable para los intereses del macrismo, terminó por diluir las pruebas y garantizarle un alivio procesal que insulta la memoria de los caídos. El traslado de las causas a la Capital Federal ha sido, históricamente, el método predilecto para que el poder político de turno entierre sus pecados bajo la alfombra del tecnicismo.
En este entramado de desidias, la figura de Patricia Bullrich emerge con una responsabilidad soslayada pero fundamental. Como figura central del gabinete de seguridad de Macri y actual senadora, Bullrich representó la cara más dura de una gestión que priorizó el blindaje político por sobre la verdad. Durante los años de búsqueda y posterior hallazgo del submarino, su rol fue el de garantizar que la cadena de mando no se cortara hacia arriba, protegiendo la estructura de decisiones que permitió que una unidad no apta saliera a navegar.
Su gestión se caracterizó por una retórica de orden que, en la práctica, se tradujo en el desamparo de los trabajadores de las fuerzas que supuestamente defendía. El «destrato» denunciado por los familiares no fue una casualidad, sino una política de Estado para desgastar a quienes pedían explicaciones.
Hoy, mientras el juicio intenta demostrar que aquellas 44 muertes eran evitables y que existió una omisión criminal en los arreglos de mantenimiento, la política argentina asiste a un espectáculo de cinismo donde los responsables de aquel entonces se reciclan en cargos legislativos o de asesoría internacional.
La lucha de las familias por evitar que la causa principal fuera absorbida por los tribunales porteños fue la última trinchera contra el olvido. La evidencia de que el ARA San Juan no estaba en condiciones de sumergirse es el acta de acusación más firme contra un gobierno que, bajo el eslogan de la modernización, envió a sus marinos a una trampa mortal y luego utilizó los servicios de inteligencia para vigilar sus lutos.
La justicia llega tarde y recortada, dejando fuera a los arquitectos políticos de una tragedia que sigue esperando una sentencia que no se detenga en los uniformes.