En el ecosistema del discurso político, la frontera entre la exageración y la abierta falsedad suele ser difusa, pero cuando la distancia entre la narrativa oficial y los datos públicos es abismal, la propaganda deja de ser un recurso estilístico para convertirse en pura desinformación. El presidente Javier Milei afirmó en televisión que el año pasado su gestión expulsó a 10.000 terroristas y que este año la cifra ya alcanza los 20.000. La contundencia del dato buscaba instalar la idea de un gobierno implacable contra la máxima amenaza a la seguridad nacional, pero una revisión de las estadísticas oficiales desmorona el relato en segundos.
Según la Dirección Nacional de Migraciones, durante 2025 se expulsó a un total de 772 personas por cometer delitos tipificados en el Código Penal. La diferencia no es un margen de error ni una cuestión de interpretación: la cifra real no llega ni al 8% de los 10.000 que el mandatario presumió haber echado. Milei no solo infló los números de manera descomunal, sino que mintió deliberadamente sobre la naturaleza de los delitos.
Casi la mitad de las expulsiones, el 44%, correspondió a infracciones a la ley de drogas y al Código Aduanero, lo que incluye desde el tráfico hasta la tenencia para consumo. Un 29% fue por robos y hurtos, un 10% por delitos contra la integridad sexual, un 6,5% por homicidios y lesiones, y el resto por categorías genéricas sin especificar. En ningún lugar de los registros migratorios aparece una sola persona expulsada por terrorismo, una figura que el Código Penal reserva de forma muy clara para las asociaciones ilícitas terroristas y el financiamiento del terrorismo.
Tildar de terroristas a quienes cometieron hurtos, menudeo de drogas o faltas administrativas es una operación comunicacional tan burda como peligrosa. Además de fabricar estadísticas ficticias para simular una eficiencia que no existe, el discurso presidencial banaliza un delito gravísimo y alimenta la estigmatización de la población migrante al asociar directamente la extranjería con el extremismo. La gestión pública se mide con datos reales, no con los números inventados que al Poder Ejecutivo le conviene repetir frente a las cámaras.