En una ciudad donde las calles de tierra, la falta de redes de agua potable, el déficit en el saneamiento básico y la inseguridad cotidiana forman parte del paisaje diario de miles de vecinos, el Poder Ejecutivo provincial y la conducción municipal decidieron que la urgencia pasa por otro lado. Mediante la Resolución RESO-2026-690-GDEBA-MIYSPGP, firmada por el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la convalidación de la Licitación Pública N° 15/2026 para la remodelación integral del Palacio Municipal de Berisso. El costo total proyectado alcanza los $7.500 millones de pesos.
El contrato principal fue adjudicado a la firma INSA S.A. por un monto neto inicial de $6.216,8 millones. Sin embargo, al desglosar los ítems complementarios —como las reservas técnicas, partidas de dirección e inspección y un llamativo «fondo de embellecimiento» del 1% ($59,2 millones) destinado al Instituto Cultural que encabeza Florencia Saintout— la factura global roza cifras escandalosas para el contexto socioeconómico actual.
La decisión de volcar este desproporcionado volumen de fondos públicos en la ex Hilandería no puede leerse al margen del ajedrez político bonaerense. El intendente Fabián Cagliardi se ha consolidado como uno de los alfiles más leales al gobernador Axel Kicillof, prodigando elogios públicos y posicionándolo como el líder ideal para los destinos del país. La millonaria transferencia de recursos a Berisso adopta así la forma de un premio a la disciplina partidaria, financiado íntegramente con el bolsillo de los contribuyentes.
El beneficio, además, recae sobre un actor harto conocido en la obra pública regional: INSA S.A., propiedad del empresario Daniel Osvaldo Robert (exvicepresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata). La firma, que ya viene de cosechar millonarios contratos en la región —como las remodelaciones de las plazas San Martín ($4.599 millones) y Rocha ($1.141 millones) en La Plata—, se quedó con la adjudicación tras la desestimación y rechazo de otros ocho competidores, en medio de críticas por la falta de claridad en las especificaciones técnicas de los pliegos y la negativa estatal a conceder prórrogas.
El proyecto, denominado «Casa de la Provincia – Puesta en Valor del Palacio Municipal Ex Hilandería», contempla el recambio total de instalaciones internas y aberturas. Al tratarse de un patrimonio histórico, la fachada debe permanecer intacta, lo que significa que la voluminosa inversión de $7.500 millones se diluirá puertas adentro durante un plazo de 540 días, bajo un esquema de desembolsos plurianuales que compromete el presupuesto provincial hasta el año 2028.
Mientras tanto, en la periferia y los barrios populares de la ciudad —donde relevamientos satelitales indican que la población duplica las estimaciones oficiales— los servicios básicos siguen siendo una deuda histórica. La asignación masiva de recursos para remodelar oficinas administrativas resalta el divorcio entre las prioridades de la gestión política y las urgencias estructurales de los ciudadanos.
La difusión pública de estos números provocó un inmediato repudio de sectores opositores y dirigentes locales, quienes cuestionan el destino de una partida multimillonaria que contrasta de manera tajante con la precariedad de los servicios esenciales en el municipio. En un contexto de austeridad y reclamos sociales no atendidos, la puesta en valor del edificio comunal se erige como un monumento al gasto político y al favoritismo de gestión.