Diversos movimientos populares de la ciudad de Berisso manifestaron su más enérgico repudio ante la reciente decisión del Gobierno Nacional de dar de baja el programa «Volver al Trabajo».
La medida, impulsada por la gestión del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, elimina una de las últimas asistencias activas que funcionaba como un ingreso vinculado a tareas sociocomunitarias esenciales en los barrios más vulnerables.
Desde las organizaciones firmantes señalaron que este programa, si bien ya representaba un retroceso respecto al anterior «Potenciar Trabajo», funcionaba como un paliativo crítico para sostener actividades de reciclado, producción textil, construcción, agricultura familiar y la red de comedores y merenderos locales.
La eliminación de este beneficio no solo profundiza el ajuste fiscal, sino que impacta directamente en la capacidad de subsistencia de miles de familias que dependen de ese ingreso para el consumo diario de alimentos y servicios básicos.
Las cifras en el ámbito local son alarmantes y exponen la magnitud del daño económico para la región.
En Berisso se registran aproximadamente 4.000 beneficiarios, lo que implica que la ciudad dejará de percibir una inyección mensual cercana a los $312 millones. En términos anuales, esto se traduce en una pérdida de más de $3.744 millones que anteriormente circulaban en los comercios de cercanía, como almacenes, verdulerías y ferias populares de la zona.
Se estima que, considerando los grupos familiares, la medida afecta de forma directa a unos 16.000 vecinos, lo que representa cerca del 15% de la población total de la ciudad.
A nivel nacional, el impacto se extiende a cerca de 900.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular que quedan sin ingresos. Los movimientos sociales denuncian que el reemplazo de estos esquemas por capacitaciones sin remuneración desconoce el trabajo que ya se realiza diariamente en el territorio y debilita las redes comunitarias que el Estado no alcanza a cubrir.
En un contexto de creciente costo de vida y caída del empleo, las organizaciones exigen la revisión inmediata de la medida y la implementación de políticas que fortalezcan la economía barrial bajo la consigna de que no se trata de empezar a trabajar, sino de reconocer el trabajo que ya se sostiene cotidianamente en los barrios.