A 50 años del inicio de la noche más larga, el aire de Argentina se espesa con una memoria que no es solo recuerdo, sino advertencia. El 24 de marzo de 1976 no fue un simple relevo de mando por la fuerza; fue el desembarco de un proyecto de refundación nacional que utilizó el cuerpo de los ciudadanos como campo de batalla para imponer un modelo económico de exclusión que hoy, con otros ropajes y bajo el amparo de las urnas, parece retornar con una familiaridad aterradora.
El accionar del gobierno militar se cimentó en una infraestructura del horror diseñada para la parálisis social. No fueron «excesos» ni una «guerra» entre iguales, sino un plan sistemático de exterminio. Los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), como la ESMA, el Campito o la Perla, funcionaron como agujeros negros de la ley donde el Estado se convirtió en secuestrador. Allí, la tortura no buscaba solo información, sino la deshumanización total del «enemigo» interno: obreros, estudiantes, intelectuales y cualquier eslabón de solidaridad social que entorpeciera el plan económico.
La crueldad alcanzó su cénit con los «vuelos de la muerte», una metodología de desaparición final donde los detenidos eran drogados y arrojados vivos al Mar del Plata o al Río de la Plata desde aviones de la Prefectura y las Fuerzas Armadas, intentando borrar no solo la vida, sino el rastro del crimen. El robo de bebés, nacidos en cautiverio de madres que luego serían asesinadas, completó un cuadro de perversión moral que todavía hoy nos obliga a buscar a cientos de nietos.
Este despliegue de violencia física era la condición necesaria para el despliegue de la violencia económica de José Alfredo Martínez de Hoz. Su plan, el Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía, fue el primer gran experimento neoliberal en la región. Se basó en la apertura comercial indiscriminada que destruyó el aparato productivo nacional, la desregulación financiera que dio paso a la «patria contratista» y el endeudamiento externo masivo.
La deuda creció de forma exponencial, pasando de poco menos de 8.000 millones de dólares en 1975 a 45.000 millones en 1983, gran parte de la cual fue deuda privada de grandes grupos económicos nacionalizada por el Estado en 1982. Fue el inicio de la Argentina de la especulación sobre la Argentina del trabajo.
Medio siglo después, las rimas históricas con el gobierno de Javier Milei resultan lacerantes. Aunque el actual mandatario llegó por el voto popular, la arquitectura de sus ideas económicas es un calco perfeccionado de aquella matriz. La retórica de que el «Estado es una organización criminal» busca desmantelar las mismas protecciones sociales y productivas que la dictadura atacó con los tanques.
La apertura de importaciones actual, que pone en jaque a las PyMEs, y la promoción de un esquema de valorización financiera donde el capital no se invierte en fábricas sino en activos especulativos, recupera el espíritu de la «bicicleta financiera» de los años 70.
Pero lo más inquietante es el asalto al sentido común y a la verdad histórica. Al igual que el discurso militar hablaba de una «guerra» para justificar el genocidio, hoy el discurso oficial intenta instalar una «verdad completa» que relativiza los crímenes de lesa humanidad y cuestiona la cifra de los 30.000 desaparecidos. Esta convergencia no es casual: para aplicar un modelo económico que empobrece a las mayorías y concentra la riqueza en sectores minúsculos, se necesita erosionar los consensos democráticos y disciplinar la protesta social.
La criminalización de la calle hoy, a través de protocolos represivos, es la versión moderna —y en democracia— de aquel silenciamiento forzado por el miedo.
A 50 años, la herida sangra porque el proyecto económico de 1976 nunca terminó de morir. Se recicló en los 90 y vuelve hoy con una agresividad renovada.
La memoria, entonces, no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto político de resistencia contra el olvido programado. Defender el legado de los organismos de derechos humanos es, en última instancia, defender el derecho a un país donde la economía esté al servicio de la vida y no el exterminio, ya sea por las armas o por el hambre.
Marcelo Marsicano