El panorama para los trabajadores del sector privado formal en Argentina presenta señales críticas de alerta. Según los últimos indicadores del Indec procesados hasta este viernes 13 de febrero de 2026, el salario real de los empleados registrados sufrió una fuerte contracción del 6,7%.
Este retroceso evidencia el impacto directo de la inflación sobre las remuneraciones acordadas en paritarias, marcando una tendencia donde los ajustes nominales no logran compensar la pérdida sistemática de la capacidad de compra.
Ante la insuficiencia de un sueldo único para cubrir la canasta básica y sostener el consumo, el mercado de trabajo ha comenzado a experimentar un fenómeno de adaptación forzada: el pluriempleo.
Cada vez son más las personas que optan por sumar una segunda o incluso tercera actividad laboral para apuntalar sus presupuestos mensuales. Esta realidad se traduce no solo en la búsqueda de nuevos puestos, sino también en una extensión de la jornada actual, donde el personal operativo acepta más horas extras para intentar mejorar su ingreso final de bolsillo.
El informe detalla que el ajuste golpeó de manera desigual a los distintos sectores. Las caídas más profundas se registraron en rubros como la industria textil, con un retroceso del 10,5%, servicios inmobiliarios con un 7,5% y enseñanza con un 6,9%. Otros sectores específicos sufrieron desplomes aún más drásticos: aeronáuticos perdió un 23% de su poder adquisitivo, las actividades pesqueras un 22,5% y la distribución de agua un 15%.
Por el contrario, solo los sectores de mayores ingresos lograron posicionarse por encima de la inflación, con la explotación de minas y canteras avanzando un 16% y el sector bancario un 10,5%.
En definitiva, el escenario actual configura una realidad de mayor esfuerzo laboral con menor recompensa real. Mientras la productividad y la carga horaria se mantienen en alza, el valor real de la hora de trabajo sigue perdiendo terreno frente al costo de vida. Esto consolida un esquema de precarización indirecta donde trabajar más horas no garantiza una mejora en la calidad de vida de los trabajadores.