En una jornada histórica y de vertiginosa aceleración política, Santiago Peña fue destituido de la presidencia de Paraguay por el Senado y quedó bajo prisión domiciliaria a raíz de la investigación por el escándalo del Ueno Bank. En cuestión de horas, el exmandatario pasó por el juicio político, la pérdida de su cargo y la notificación judicial en su residencia de Asunción.
La crisis escaló de forma definitiva este viernes, cuando la Cámara Alta trató el libelo acusatorio de 300 fojas contra Peña. En el inicio de la sesión extraordinaria, el plenario rechazó de forma aplastante —con 39 votos en contra, 3 a favor y 2 abstenciones— el pedido de prórroga de 72 horas presentado por la defensa del mandatario.
Ante este escenario, Peña decidió no asistir al Congreso y envió a sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, mientras en las afueras, en la Plaza de Armas, se intensificaban las protestas ciudadanas.
Cerca de las 18:30, los diputados acusadores fundamentaron la responsabilidad política del presidente por mal desempeño de sus funciones. En paralelo, y en un intento por contener la crisis institucional, Peña anunció su renuncia a través de sus redes sociales, expresando que su prioridad era «poner al país por encima de su destino personal».
Sin embargo, el Senado avanzó de igual manera: con 44 votos a favor —superando ampliamente los 30 requeridos—, la Cámara declaró culpable a Peña, dictó su destitución inmediata y giró los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.
El derrumbe político se completó con un segundo revés judicial. A pedido de la Fiscalía, la Policía Nacional notificó al exmandatario de su detención en el marco de la causa penal Nº92/2026 por lesión de confianza y otros delitos vinculados a la crisis financiera de Ueno Bank.
Para Peña se fijó el régimen de arresto domiciliario a la espera de su comparecencia ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En la misma causa, el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, también fue detenido y trasladado a dependencias policiales.
Tras la vacancia generada en la cúpula del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional procedió de inmediato a la jura de las nuevas autoridades para completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. Pedro Alliana asumió como nuevo presidente de Paraguay, comprometiéndose a garantizar la estabilidad y la respuesta a los ahorristas afectados, mientras que Antonio Carlos Barrios Fernández (médico, senador y exministro de Salud) asumió el cargo de vicepresidente.
Ambos referentes del Partido Colorado asumen el mando en medio de un escenario de alta tensión política y financiera, con el desafío urgente de encauzar la gobernabilidad del país tras el terremoto institucional.