El discurso anticasta y la bandera de la purificación moral con la que Javier Milei y su hermana Karina construyeron La Libertad Avanza terminan desmoronándose ante el peso de los hechos. Detrás del relato dogmático del liberalismo a ultranza, la praxis gubernamental del Poder Ejecutivo demuestra un pragmatismo acomodaticio donde los históricos «enemigos kukas del pueblo» pasan a ser socios dilectos en los negocios del Estado.
La reciente entrega de concesiones viales con cobro de peajes hasta el año 2046 al Grupo Indalo, comandado por Cristóbal López, expone una contradicción ética insalvable. Durante años, López, dueño también de C5N fue el emblema del empresario prebendario enriquecido a la sombra del kirchnerismo, señalado desde los propios atriles de la derecha por haber pasado casi dos años en prisión preventiva acusado de la defraudación millonaria con el impuesto a los combustibles a través de Oil Combustibles y por sus vínculos directos con Cristina Fernández de Kirchner. El mismo zar del juego, denostado mediáticamente por el arco libertario como el «empresario K» por excelencia, resulta ahora premiado por la gestión oficial con el control de corredores estratégicos para recaudar durante las próximas dos décadas.
Esta decisión tiene nombres y apellidos con responsabilidades directas en el gabinete nacional. Las carteras conducidas por Luis Caputo en Economía y Federico Sturzenegger en Transformación del Estado diseñaron e impulsaron el paquete de privatizaciones y concesiones de rutas con peajes, rubricando contratos que benefician a firmas con reiterados antecedentes de incumplimiento y rescisiones con el Estado. Sturzenegger y Caputo, en nombre de la desregulación y la eficiencia privada, han terminado formalizando el regreso triunfal de un contratista al que el propio espacio prometió extirpar de las arcas públicas.
El entramado de dobles discursos no concluye en la adjudicación de las rutas. Se refleja de manera transparente en la propia arquitectura legal de La Libertad Avanza, donde el verdadero poder operativo responde a la conducción de Karina Milei. La designación como apoderado legal del espacio oficialista de Santiago Viola —quien fuera abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez en la causa de «la ruta del dinero K» e imputado en su momento por maniobras con testigos falsos para apartar al juez del expediente— ratifica la brecha abismal entre la retórica de campaña y la realidad institucional.
La narrativa libertaria erigió una supuesta cruzada contra la corrupción y la connivencia entre empresarios y funcionarios. Sin embargo, la asignación de peajes multimillonarios a Cristóbal López y la presencia de letrados ligados al entramado judicial de Báez en la cúpula partidaria dejan al descubierto que las proclamas éticas de Milei no fueron más que una estrategia electoral. La «libertad» anunciada se traduce, en los hechos, en la continuidad de las viejas mañas del poder, el reciclaje de los mismos actores de siempre y el cobro garantizado para los que manejan las cajas clave del país.