El ajuste fiscal y el plan monetario implementados por la gestión de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, volvieron a pasarle una costosa factura a la sociedad argentina. Según el último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza interrumpió su tendencia a la baja y volvió a escalar al 30% de la población durante el primer trimestre del año, mientras que la indigencia trepó al 6,5%. El informe deja al descubierto la fragilidad del esquema económico libertario, que tras celebrar triunfos financieros de corto plazo muestra un agotamiento estructural incapaz de frenar el deterioro en las condiciones de vida del conjunto de la población.
Los datos oficiales elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares marcan que solo en los primeros tres meses del año alrededor de 600.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. Esta regresión expone el impacto devastador del combo de desregulación de precios, tarifazos continuos en servicios públicos y una severa licuación de salarios y jubilaciones impulsada desde el Palacio de Hacienda. A pesar de los discursos triunfalistas de Caputo en el ámbito financiero, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total se movieron a un ritmo ostensiblemente superior al de los ingresos familiares, sepultando la capacidad de consumo de la clase media y de los sectores vulnerables.
La radiografía de la UCA resulta concluyente al señalar los motores del empobrecimiento bajo la receta económica del Poder Ejecutivo. La informalidad laboral alcanzó un preocupante 44,2% y la subocupación continuó su escalada en un mercado de trabajo crecientemente precario y debilitado por la parálisis de la actividad productiva. Al mismo tiempo, el encarecimiento desmedido de rubros fijos esenciales —como el transporte, la electricidad, el gas y los alquileres— terminó por asfixiar el presupuesto de los hogares, que destinan una porción cada vez mayor de sus exiguos recursos simplemente a subsistir.
El sesgo regresivo del modelo también se refleja en la evolución del coeficiente de Gini, que subió de 0,435 a 0,442, dando cuenta de una brecha social cada vez más profunda. Mientras el Palacio de Hacienda celebra la desaceleración puntual de la inflación en la City porteña, la realidad social en los grandes aglomerados del interior del país roza límites dramáticos, con aglomerados como Concordia registrando una pobreza del 52,5% y el Gran Resistencia superando el 49%. El estudio de la UCA desnuda que la mentada ancla fiscal de Milei y Caputo opera, en los hechos, como un freno de mano para la producción y un acelerador directo del desempleo encubierto y la marginalidad.
La persistencia de una indigencia en aumento, acompañada del deterioro del poder adquisitivo de las asignaciones y jubilaciones que solían amortiguar la caída, confirma las advertencias de economistas e instituciones respecto a la insostenibilidad social del ajuste. Lejos de la retórica oficial sobre un supuesto milagro económico, las métricas de la UCA evidencian que el costo del superávit a cualquier precio lo siguen pagando los trabajadores y los jubilados, arrastrados a un escenario donde tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza.