En un giro inesperado que sacude el entramado político local y provincial, el único de los 46 acusados en el Caso Chocolate que había aceptado declararse culpable para evitar un juicio oral decidió dar marcha atrás con su estrategia. Se trata de una figura con fuertes lazos en Berisso, cuyo trasfondo salpica de lleno a un espacio político del distrito.
El imputado, señalado como un «empleado ñoqui» de la Legislatura bonaerense, es nada menos que la pareja de la concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Berisso, Laura Fernández.
En un principio, la defensa del acusado había negociado un juicio abreviado reconociendo la culpabilidad para amortiguar el impacto de una eventual condena mayor. Sin embargo, en las últimas horas revirtió de forma drástica su decisión. La propuesta de condena del acuerdo incluía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según fuentes ligadas a la causa, el implicado se negó rotundamente a firmar bajo estas condiciones debido a un objetivo claro: quiere volver a ser empleado del Estado en el futuro.
La vinculación del imputado con la concejal Fernández ha generado un fuerte cimbronazo en la política local de Berisso. Desde los sectores opositores ya se empiezan a alzar voces que exigen explicaciones públicas a la edil de La Libertad Avanza, dado que el caso roza las banderas de «anticorrupción» y «combate a la casta» que el espacio pregona a nivel nacional.
Con este paso atrás, el acusado deberá enfrentar el proceso común junto al resto de los involucrados en la millonaria defraudación de las tarjetas de débito de la Legislatura, en un juicio oral y público que promete sumar nuevos capítulos de tensión política e institucional.