En un acto que ha despertado una profunda indignación y el repudio generalizado de la comunidad, las autoridades procedieron a retirar y destruir de manera inmediata las ofrendas y pancartas que acababan de ser colocadas en memoria de Erica Valdez. El hecho ocurrió a escasos minutos de haber finalizado una movilización pacífica en la que familiares, amigos y vecinos se concentraron para exigir justicia y visibilizar el caso.
La manifestación, cargada de un profundo dolor colectivo, concluyó con la colocación de arreglos florales, velas y carteles con el rostro de Erica en las inmediaciones del espacio público. Sin embargo, la respuesta oficial ante el reclamo de una familia destrozada careció por completo de decoro. No permitieron que transcurriera ni siquiera una hora desde la desconcentración de los asistentes cuando se intervino de forma drástica en el lugar, despegando cada una de las imágenes que retrataban el pedido de justicia.
El accionar en el lugar no se limitó a una mera tarea de ordenamiento, sino que escaló a lo que los allegados de la víctima catalogan como una agresión directa a su memoria: todo el material retirado, incluyendo los carteles con la cara de Erica y los tributos depositados por sus seres queridos, fue incinerado en las inmediaciones del contenedor y puesto de control, dejando registros de una fogata que consumió el último gesto de afecto y visibilización pública de la jornada. Las imágenes del video capturado en el sitio de los hechos muestran el humo y las cenizas aún calientes de los elementos quemados a un costado del asfalto, junto al módulo de control, confirmando la celeridad y el ensañamiento con el que se actuó.
Este episodio deja al descubierto una alarmante falta de sensibilidad por parte de las autoridades implicadas. En contextos donde la contención social y el respeto por el duelo deberían primar, la drástica decisión de borrar cualquier rastro del reclamo se percibe como una provocación innecesaria y violenta hacia una comunidad que se encuentra movilizada por el dolor. Destruir de esa manera los símbolos de una demanda legítima no solo busca invisibilizar el conflicto, sino que hiere nuevamente a quienes atraviesan la pérdida.
La escasa empatía demostrada por quienes ejecutaron o dictaron esta orden profundiza la brecha entre las instituciones y la ciudadanía. Mientras los familiares de Erica Valdez intentan procesar la tragedia y canalizar su angustia a través de la memoria y la exigencia de respuestas, la respuesta oficial se traduce en fuego y desmantelamiento inmediato. Este atropello institucional instala un clima de desamparo y malestar, transformando lo que debió ser un espacio de respeto y conmemoración en un nuevo foco de conflicto y vulneración de derechos.