La institucionalidad de Berisso acaba de sufrir un golpe demoledor que redefine por completo el concepto de conflicto de intereses. En una maniobra que roza el absurdo ético, el Concejo Deliberante local transformó una herramienta de control ciudadano en un traje a medida para los intereses económicos del propio gobierno.
La aprobación de la nueva nómina de Mayores Contribuyentes es la viva imagen de colocar al zorro a cuidar las gallinas: de ahora en adelante, los mismos empresarios que viven de los millonarios contratos del Estado serán los encargados de convalidar el aumento de los impuestos que pagan los vecinos para financiar, precisamente, sus propios negocios.
La Asamblea de Mayores Contribuyentes, consagrada por la Ley Orgánica de las Municipalidades, nació con el espíritu de ser un contrapeso, un escudo de protección para el bolsillo de la comunidad frente a los excesos fiscales del poder político. Sin embargo, el listado impuesto a la fuerza por el oficialismo dinamitó cualquier garantía de imparcialidad. De los 40 ciudadanos elegidos para definir el futuro económico de la ciudad, casi la mitad —18 para ser exactos— mantienen una relación contractual activa como proveedores de la comuna. ¿Con qué objetividad va a votar un aumento de tasas un contratista cuyo sustento depende directamente de la firma del intendente? La respuesta es obvia, y el peligro para los contribuyentes, absoluto.
Desde las bancas opositoras, la resistencia liderada por el radicalismo intentó frenar este atropello advirtiendo la flagrante violación legal que esto significa. La Ley Orgánica excluye de forma explícita de estas funciones a quienes tengan las incompatibilidades y dependencias económicas que genera ser proveedor municipal. El planteo era simple y lógico: enviar el pliego a comisión para auditar los contratos de cada postulante. Sin embargo, el oficialismo, apurado por garantizarse manos dóciles a la hora de recaudar, cerró filas y se negó sistemáticamente a cualquier tipo de revisión.
Para justificar lo injustificable, desde el bloque de Unión por la Patria ensayaron chicanas procesales y tecnicismos jurídicos. Argumentaron que el Ejecutivo tuvo que armar la lista «de oficio» ante supuestas demoras de la oposición, y pretendieron escudarse en fallos judiciales para relativizar la incompatibilidad de funciones. Pero detrás de la pirotecnia discursiva de la presidencia del cuerpo, la realidad política demostró que la jugada solo fue posible gracias a las lealtades volátiles del recinto. El voto clave del concejal Daniel Del Curto (Unión, Fe y Renovación) volvió a funcionar como el auxilio perfecto para los intereses del intendente, sellando un ajustado 11 a 9 que desnudó cómo se manejan los hilos del poder en el distrito.
Berisso asiste así a un escenario alarmante. Cuando los encargados de vigilar el gasto público y autorizar la presión fiscal sobre los vecinos son las mismas personas que esperan en la ventanilla de la tesorería municipal para cobrar sus facturas, el sistema de control se vuelve una parodia. Las gallinas han quedado completamente desprotegidas en un Concejo Deliberante que prefirió premiar los negocios antes que resguardar la transparencia institucional.