Durante la madrugada del sábado, una serie de incursiones aéreas y terrestres coordinadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos se desplegaron sobre puntos estratégicos de Venezuela.
El operativo, denominado oficialmente «Determinación Absoluta», se inició aproximadamente a la 1:50 hora local con explosiones en la base aérea La Carlota y otros nodos militares en Caracas, La Guaira e Higuerote.
Los ataques provocaron un corte masivo de energía eléctrica en la capital y ciudades adyacentes, facilitando el ingreso de unidades de operaciones especiales.
Simultáneamente a los ataques aéreos, una unidad de élite identificada como la Fuerza Delta realizó una incursión en la residencia donde se encontraba el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según fuentes del Pentágono, ambos fueron capturados sin que se registraran bajas en las filas estadounidenses y trasladados mediante helicópteros al buque USS Iwo Jima, apostado en el Mar Caribe.
Desde allí, se inició su traslado hacia la ciudad de Nueva York para ser puestos a disposición del Distrito Sur, donde enfrentan cargos por conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas.
Al mediodía, el presidente Donald Trump brindó una conferencia de prensa en Washington confirmando la captura. En su discurso, detalló que Estados Unidos asumirá la dirección administrativa de Venezuela para garantizar lo que definió como una «transición ordenada», sin precisar una fecha para el traspaso de mando a autoridades locales.
Respecto a la industria de los hidrocarburos, el mandatario informó que empresas estadounidenses se encargarán de la reparación y gestión de la infraestructura petrolera, la cual no sufrió daños materiales durante la ofensiva militar, con el objetivo de normalizar la producción y el flujo de ingresos.
En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el decreto de un estado de excepción y denunció la acción como una agresión militar contra el territorio nacional. A nivel internacional, la situación generó posturas divididas: mientras países como Argentina y Ecuador respaldaron el operativo, gobiernos de Brasil y Colombia expresaron su rechazo, calificando la intervención como una violación a la soberanía y a las normas del Derecho Internacional.
Por su parte, la misión de Venezuela ante la ONU solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para tratar la situación del país y la captura de sus autoridades.