El descuento en el recibo de sueldo nunca falló. Durante más de tres décadas, a Rolando Vicente «Chiche» Peralta, histórico empleado de la Municipalidad de Berisso, la cuota del seguro de vida se le debitó religiosamente cada mes. Sin embargo, tras su fallecimiento el pasado primero de enero, la lealtad y la responsabilidad demostrada por el trabajador a lo largo de 35 años de servicio chocaron de frente contra el muro de la burocracia, la opacidad y las evasivas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso (STMB).
Mientras las gestiones ante Recursos Humanos y el Instituto de Previsión Social (IPS) avanzaron sin contratiempos, el verdadero calvario de su viuda, Mirta, comenzó en las oficinas del gremio. La liquidación del seguro de vida —una herramienta pensada para brindar contención financiera inmediata a las familias tras la pérdida de un sostén de hogar— se ha transformado en un laberinto de ocho meses marcado por el desinterés y la falta de respuestas claras.
El relato de Mirta expone una trama de desorientación provocada por las propias autoridades sindicales. Desde febrero, cuando presentó la documentación requerida ante el Secretario de Finanzas, Gastón Coria, las promesas de pago para fechas fijas se diluyeron en una cadena ininterrumpida de excusas. El esquema de atención mutó rápidamente en un «juego del gran bonete»: del gremio al abogado, del abogado a la aseguradora Libra y de la aseguradora de regreso al sindicato.
Ante el reclamo de la viuda, la conducción gremial intenta desligarse de toda responsabilidad alegando que ellos cumplieron con girar los fondos y que el problema radica en supuestos problemas financieros o la quiebra de la compañía de seguros. Esta justificación no solo resulta insostenible, sino que deja al descubierto la falta de protección hacia sus representados.
Si la aseguradora atravesaba un proceso de quiebra o irregularidades administrativas, el gremio tenía la obligación básica de advertir a sus afiliados, desafiliar los descuentos o buscar alternativas para no dejar desamparadas a las familias. En lugar de ofrecer soluciones, la dirigencia deslizó propuestas insólitas, como sugerir un pago interno a condición de emprender un juicio contra la aseguradora para luego devolver el dinero, planteo que la propia afectada calificó como una falta de respeto a la inteligencia de la gente.
Detrás de la falta de explicaciones oficiales subyace el agotamiento de una mujer que decidió romper el silencio para exigir lo que legalmente le corresponde. Mirta no solo visibiliza el maltrato institucional que padece, sino que advierte que su caso podría ser apenas la punta del iceberg de una práctica sistemática que perjudica a otras familias en la misma situación.
La pasividad con la que el STMB maneja los fondos y los derechos de sus extintos afiliados deja de ser un mero problema administrativo para convertirse en una muestra flagrante de desidia social e institucional.