Las facturas de servicios públicos en Argentina experimentarán un nuevo incremento a partir de junio, con el Gobierno oficializando subas en las tarifas de luz y gas que impactarán directamente en los hogares y comercios de todo el país. Esta medida se enmarca en la política de reordenamiento del esquema de subsidios energéticos y la prorrogación de la emergencia energética hasta julio de 2026.
Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la tarifa de electricidad sufrirá un ajuste promedio del 2,82% para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el gas natural, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aplicó un incremento promedio del 6,20% a nivel nacional, con variaciones que pueden alcanzar hasta el 6,52% para Metrogas y 6,45% para Naturgy BAN, según la distribuidora y la zona geográfica.
Este nuevo ajuste responde a una actualización del Costo Propio de Distribución (CPD) en el caso de la electricidad, y a la necesidad de financiar a los usuarios del régimen de «zona fría» para el gas. Si bien se mantienen las bonificaciones para usuarios residenciales de bajos ingresos (Nivel 2, con un 65% de bonificación sobre un tope de 350 kWh/mes) y de ingresos medios (Nivel 3, con un 50% de bonificación sobre un tope de 250 kWh/mes), el excedente de consumo se pagará a precio pleno.
La decisión de aplicar estos aumentos, en un contexto donde el consumo de gas ya muestra signos de retracción por la combinación de tarifas menos accesibles y la contracción económica, busca reducir el gasto público y equilibrar las cuentas del sector energético. Sin embargo, genera una creciente inquietud en la población por el impacto en el poder adquisitivo.
Se espera que estos incrementos en los servicios públicos, sumados a las subas en otros rubros como combustibles, transporte, y educación privada, ejerzan presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, a pesar de las proyecciones privadas que indican una tendencia a la baja en la inflación general para el mes.
El Gobierno ha reiterado que estos ajustes son pasos necesarios en el proceso de transición hacia subsidios energéticos focalizados, con el objetivo de lograr una cobertura de costos más realista y sostenible en el tiempo. La ciudadanía, en tanto, se prepara para afrontar boletas más elevadas en un invierno que ya se anuncia con un peso adicional en la economía familiar.