El crecimiento patrimonial del ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a poner en debate la brecha entre el ajuste que impacta sobre la sociedad y la situación financiera personal de los altos funcionarios. A pesar de los pedidos de austeridad y esfuerzo colectivo impulsados desde el Poder Ejecutivo, los datos de su declaración jurada patrimonial del ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción revelan que el titular de la cartera económica declaró un patrimonio total de aproximadamente 13,4 millones de dólares.
Si bien el ministro contaba con una importante trayectoria en el sector financiero privado antes de asumir en la función pública, la estructura de su fortuna genera profundos interrogantes en torno a la ética pública y el conflicto de intereses. Alrededor del 95% al 97% de sus ahorros y depósitos bancarios permanecen radicados fuera de la Argentina, sumando en concreto 8,65 millones de dólares distribuidos en 9 cuentas bancarias en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Esta marcada preferencia por la preservación de fondos en el exterior, aunque legítima en el plano privado, contrasta de manera directa con los discursos oficiales que buscan generar certidumbre en el sistema financiero local y promover la repatriación de capitales.
Por otro lado, la evolución de sus bienes en un contexto de contracción económica y alta restricción presupuestaria profundiza el impacto sobre la opinión pública. La presentación oficial detalla además gastos personales por 237,5 millones de pesos a lo largo del año —lo que representa un promedio cercano a los 19,8 millones de pesos mensuales— sumados a casi 50 millones de pesos en gastos anuales no deducibles. En cuanto a sus activos inmobiliarios, Caputo no registró compras ni ventas significativas de propiedades en el período, manteniendo en su patrimonio un departamento en Recoleta, tres cocheras, un lote en Benavídez, un terreno en Villa La Angostura y un campo en Alberti, provincia de Buenos Aires.
Más allá de la legalidad de los datos reportados y del origen preexistente de sus activos, la disparidad entre la capacidad de resguardo financiero en moneda extranjera y el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos afecta el principio de ejemplaridad exigible en la gestión. La decisión de mantener el grueso de las reservas personales al margen del riesgo del país que administra debilita de forma inevitable la autoridad moral necesaria para solicitar sacrificios colectivos en el marco del programa económico nacional.