Hoy se ha oficializado, mediante el Decreto 137/2026, la entrada en vigencia de la denominada «Ley de Modernización Laboral» (Ley 27.802).
Lo que el oficialismo presenta como un «salto hacia la competitividad», se percibe desde las bases y los tribunales como el desmantelamiento más agresivo de la protección al trabajador desde el retorno de la democracia. Bajo el pretexto de reducir la litigiosidad y atraer inversiones, la norma firmada por el presidente Javier Milei redefine las reglas del juego en favor de la patronal, ignorando el principio constitucional de progresividad y el carácter protectorio del Derecho del Trabajo.
La reforma no se limita a retocar artículos; reconfigura el ecosistema laboral con puntos que rozan la regresión de derechos. Entre los cambios más severos se encuentra la licuación de indemnizaciones, ya que el nuevo cálculo excluye el aguinaldo (SAC) y las vacaciones de la base resarcitoria.
Además, se habilita el polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL), permitiendo que las empresas paguen despidos en cuotas de hasta 12 meses para Pymes, lo que diluye el efecto disuasorio del despido sin causa.
Asimismo, se institucionaliza la flexibilidad a la carta mediante el «banco de horas», permitiendo compensar horas extras con francos o reducciones de jornada futuras, eliminando de facto el pago adicional por horas suplementarias en muchos sectores.
A esto se suma la neutralización del derecho a huelga al elevar la exigencia de guardias mínimas al 75% en servicios esenciales y al 50% en actividades de importancia trascendental, como la industria exportadora y bancaria. Con esto, el derecho constitucional de huelga queda reducido a un gesto simbólico sin impacto económico real.
Por otro lado, la ley valida la «Uberización» legal al crear la figura del «repartidor independiente», permitiendo vínculos sin relación de dependencia técnica para el sector de plataformas, lo que consolida la precarización en uno de los sectores de mayor crecimiento.
La CGT y diversas centrales obreras ya han calificado la ley de inconstitucional. El argumento central es el Principio de No Regresión: una ley no puede arrebatar derechos ya adquiridos ni bajar los niveles de protección alcanzados sin una justificación de emergencia que aquí, según los expertos, se usa como cheque en blanco.
«No se genera empleo bajando salarios o facilitando despidos; la historia argentina demuestra que el empleo crece con reactivación económica, no con desprotección», señalan voces críticas desde el fuero laboral.
La incertidumbre es total. Mientras el Gobierno celebra la «modernización», los trabajadores hoy se despertaron con menos defensas legales y la Justicia se prepara para una ola de amparos que pondrá a prueba la solidez de esta reforma.