Un fuerte malestar sacude al comercio local tras una tensa reunión ocurrida en las últimas horas entre propietarios de locales —en su mayoría nucleados en la Cámara de Comercio de Berisso— y funcionarios del Ejecutivo municipal que conduce Fabián Cagliardi. Lo que inicialmente se convocó para debatir el complejo entramado de las habilitaciones comerciales derivó en un escándalo político cuando los comerciantes lanzaron una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Qué está pasando con el mega comercio de capitales chinos que planea instalarse en la ciudad violando una ordenanza vigente?
Por el lado del municipio, las encargadas de dar la cara fueron Inés García, subsecretaria del Área de Obra Pública, y Ana Paula Ingeniero, abogada al frente del área de Control Urbano. Según testigos del encuentro, la reacción inicial de ambas funcionarias fue el silencio y la evasión. Sin embargo, los comerciantes destacaron un dato que consideran clave y confirmatorio: ninguna de las representantes del intendente desmintió que la instalación del gigante comercial se esté llevando a cabo.
A medida que la presión aumentaba en la sala, las respuestas de las funcionarias comenzaron a entrar en llamativas contradicciones. Primero argumentaron que, frente a esa situación, desde sus áreas «no se podía hacer nada». Casi de inmediato, intentaron ensayar una desmentida sosteniendo que habían asistido personalmente a la locación señalada —en Avenida Montevideo entre 14 y 15— y que allí «no vieron nada».
Esta última declaración encendió la indignación de los comerciantes de la zona, quienes retrucaron en el acto confirmando que el movimiento de materiales y las reformas en el local son constantes y a la vista de cualquiera. Acorraladas por los hechos, García e Ingeniero optaron por cortar por lo sano y patear el tablero, pidiéndoles de forma lisa y llana a los presentes que ese asunto lo hablaran directamente con el Intendente.
Para los comerciantes, la respuesta de las funcionarias dejó al descubierto una alarmante realidad institucional: en Berisso, el cumplimiento de una ordenanza municipal dejó de ser un control técnico y legal para convertirse en una «cuestión política» que se decide a dedo en el despacho de Cagliardi. Mientras la bronca y la incertidumbre crecen entre los trabajadores locales por el riesgo de una competencia desleal, el conflicto queda abierto y todas las miradas apuntan ahora hacia el jefe comunal.