Cuando faltan apenas dos días para que la Confederación General del Trabajo (CGT) concrete su primer paro general contra el gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le apuntó ayer a la central obrera y ratificó la vigencia del “protocolo antipiquete” para que el próximo miércoles los trabajadores no se sientan “amedrentados” por la manifestación gremial organizada por aquellos que “intentan destruir el país”.

En declaraciones radiales, la ministra de Seguridad detalló también que la cartera que conduce recibe “mil llamadas por día al (número telefónico) 134 de gente que denuncia un montón de extorsiones y aprietes para sumarse al paro”. Esas denuncias, dijo, son “tanto de gente de organizaciones sociales como de personas que les dicen ‘Tenés que venir a trabajar y a las 12 te subís al micro o te subís al tren, y te vas al paro porque te vamos a estar mirando’. Es decir, todo está organizado para que a la gente la lleven como si fuera ganado”.

Bullrich se refirió además a los dichos de uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, quien en las últimas aseguró que los legisladores opositores “dialoguistas” que aprueben la Ley Ómnibus no van a poder caminar por la calle. En respuesta a eso, la funcionaria advirtió: “Los que no van a poder caminar por la calle el miércoles y todas las veces son los que intenten destruir el país. Porque hay un protocolo que organiza las cosas como para que las calles estén libres para las personas que trabajan, que estudian y que se desarrollan” y confirmó: “El miércoles vamos a hacer todo lo posible para que los argentinos que quieran trabajar no se sientan amedrentados por aquellos que hacen estas declaraciones”.

En esa línea, Bullrich redobló la apuesta contra el dirigente sindical y planteó: “¿Cómo puede el líder de la CGT salir a comer a un lugar y caminar por la calle si a un mes y medio del comienzo de un Gobierno hay un paro? Los que voten esta ley van a ser hombres y mujeres que están ayudando a que el país salga adelante”, reforzó la ministra, a la par que criticó la medida gremial por considerarla una “extorsión” para “mantener privilegios” e insistió: “La gente votó por un país con un capitalismo con reglas, competencia y armas que le permitan a las empresas contratar personas”

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