A cuatro meses del fallecimiento de la subteniente de la Policía Bonaerense Érica Valdez en Berisso, la causa judicial sigue prácticamente paralizada y sin avances sustanciales, lo que ha llevado a la familia a endurecer sus reclamos para cambiar la carátula inicial de suicidio a homicidio. El hecho ocurrió en abril mientras la oficial prestaba servicio en un puesto policial de las calles 60 y 128, donde recibió un disparo en el abdomen. A pesar de haber sido trasladada al Hospital Larrain y operada de urgencia, falleció horas después en un escenario atravesado por interrogantes que, a más de cien días, la Justicia aún no ha logrado responder.
El estancamiento de la investigación se evidencia en la falta de concreción de pericias que resultan elementales para la causa. La familia denuncia que, tras cuatro meses de inacción, no se realizaron de manera oportuna pruebas clave como el dermotest para detectar rastreos de pólvora en las manos de la víctima ni los exámenes balísticos correspondientes sobre su arma reglamentaria. A este cuadro de parálisis se suma la constante postergación para la apertura y peritaje de los teléfonos celulares secuestrados, una diligencia fundamental para reconstruir las últimas horas de Érica, así como la falta de respuestas claras ante denuncias por un traslado previo no solicitado y supuestas amenazas anteriores.
La falta de respuestas judiciales se vuelve aún más crítica al examinar una de las principales pruebas del caso: la supuesta carta de despedida. Transcurrido este tiempo, se confirmó que el documento original en papel nunca fue preservado ni incorporado físicamente al expediente. La hipótesis del suicidio se sostuvo únicamente a partir de la foto de un manuscrito, lo que impidió cualquier peritaje scopométrico directo. La querella sospecha que el papel fue incinerado o destruido intencionalmente en la misma escena del hecho para evitar un análisis caligráfico real, destacando además que el texto contiene modismos y expresiones totalmente ajenos a Érica.
El recambio en la conducción de la fiscalía, hoy a cargo de Álvaro Garganta, renovó las expectativas de la familia en medio de fuertes denuncias por irregularidades y negligencia en el manejo inicial del expediente. Entre los elementos que la Justicia ha dejado pasar sin la debida celeridad figura el testimonio de una vecina que auxilió a la subteniente y declaró que Érica llegó a decir que había sido atacada antes de perder el conocimiento, una afirmación que desarma la hipótesis oficial pero que no ha derivado en avances concretos en la causa.
Ante la falta de novedades significativas por parte de los tribunales, el entorno de familiares y amigos de la oficial mantiene una fuerte presencia en redes sociales y convocatorias públicas para evitar el archivo de la causa. Bajo la consigna «a Érica le sacaron la vida», sus allegados continúan movilizándose frente a las dependencias policiales y judiciales de Berisso. Denuncian la parálisis institucional, exigen el cese de las dilaciones periciales y señalan directamente a la cúpula policial local por las fallas en la custodia de la escena, manteniendo firme el reclamo de justicia a cuatro meses de una muerte que sigue sin esclarecerse.