Mientras la intendencia de Fabián Cagliardi asegura haber «cuadruplicado» la asistencia social, los índices de desnutrición en el distrito se disparan y el oficialismo local bloquea la emergencia alimentaria en el Concejo Deliberante. Una directiva implícita condena a miles de familias a la indigencia.
Por Redacción Local
En las calles de Berisso, el relato oficial choca de frente y de forma violenta con la realidad de los comedores, los barrios populares y las oficinas de Promoción Social. Bajo la conducción del intendente Fabián Cagliardi, el municipio parece haber adoptado una política de asistencia basada en la fría burocracia y la falta de empatía: una orden no escrita, pero ejecutada con un rigor implacable, dictamina que solo se entrega una bolsa de mercadería con escasos productos por persona y por mes.
La medida ignora cualquier tipo de criterio socioeconómico, sanitario o humanitario. No importa si quien solicita la ayuda es una persona que vive sola o una madre a cargo de una familia numerosa; tampoco si se trata de un joven desocupado o de una abuela que no llega a cubrir la canasta básica. Para la gestión de Cagliardi, una bolsa es el límite, sin importar lo que ocurra dentro de cada hogar.
La paradoja de la gestión se vuelve más obscena al revisar la planta de funcionarios públicos. Quienes se encargan de ponerle el cuerpo a esta restrictiva política son la secretaria de Promoción Social, Victoria Curuchet, y su «adjunto», Leonel Galossi. Ambos perciben salarios que superan holgadamente los dos millones y medio de pesos mensuales —una cifra astronómica frente a la realidad de los vecinos que atienden—.
Según diversos testimonios recabados, han sido los propios Curuchet y Galossi quienes, en reiteradas oportunidades, se encargaron de comunicarles de forma directa a los ciudadanos que no hay excepciones posibles. «Como ya recibieron una bolsa, no se les puede dar dos», es la respuesta calcada que repiten en las oficinas centrales y que se replica sin miramientos en las delegaciones municipales de los distintos barrios.
Muchos vecinos y vecinas han descripto esta situación como directamente inhumana. El relato del hijo de una jubilada berissense expone la crudeza de la norma: «Mi mamá cobra la mínima, entre remedios y servicios gasta todo su sueldo. A mitad de mes ya no tiene qué comer y la última vez fue hasta Promoción Social a pedir algo, lo que fuera. Le contestaron que ya le habían dado y que volviera en 15 días».
El malestar por la crueldad de la medida no solo se vive en las calles. Puertas adentro del Palacio Municipal, la tensión va en aumento. A ésta altura hasta los propios seguidores de la gestión Cagliardi, se manifiestan en desacuerdo con la directiva. Mientras algunos aseguran que la orden rígida emana directamente del despacho del Intendente, otros responsabilizan la falta de tacto de la Secretaria del área.
Mientras la interna cruje, la respuesta institucional en el Honorable Concejo Deliberante de Berisso fue el rechazo absoluto. El bloque del oficialismo se negó sistemáticamente a declarar la Emergencia Alimentaria en el distrito, una herramienta que permitiría agilizar recursos y ampliar partidas para mitigar la crisis.
El relato del jefe comunal sostiene firmemente que la asistencia se ha «cuadruplicado», pero la estadística de salud pública enciende todas las alarmas: Berisso registra hoy números de desnutrición que se ubican entre los más altos del país. La pregunta que resuena con fuerza en los barrios periféricos y que la gestión local evita responder es una sola: ¿dónde está verdaderamente la asistencia si no hay más que una bolsa de hambre para quienes piden poder comer?