Lo que inicialmente fue caratulado por la Justicia como un presunto suicidio ha tomado un rumbo completamente distinto en las últimas horas. La familia de la oficial de policía Érica Valdez, acompañada por un fuerte reclamo de amigos y allegados, rompió el silencio para denunciar de manera unánime que se trató de un homicidio o femicidio. Tras la aparición de nuevas e importantes pistas que desmoronan la hipótesis inicial, la causa enfrenta ahora un grave freno institucional: se ha quedado sin fiscal a cargo.
El caso sufrió un fuerte cimbronazo al descubrirse un presunto conflicto de intereses en el corazón de la investigación. Según explicaron los familiares de la víctima, la fiscal que llevaba adelante las actuaciones, la Dra. Virginia Bravo, mantendría una relación de parentesco directa con Ariel Casco, un comisario de alto rango dentro de la fuerza policial. Ante la exposición de este vínculo y el pedido de la querella, la Dra. Bravo presentó formalmente su excusación el pasado 21 de mayo de 2026 para apartarse del expediente.
Si bien esta decisión fue recibida con alivio por el entorno de Valdez —quienes ya sospechaban de irregularidades en el proceso—, ha dejado a la causa en una situación de total desamparo e incertidumbre, sin una autoridad del Ministerio Público Fiscal que ordene las medidas urgentes que el caso requiere.
El apartamiento de la fiscal coincidió con la incorporación de pruebas clave que, según la familia y su abogado querellante, el Dr. Diego Sebastián Ontiveros, cambian de forma radical la lectura de los hechos ocurridos el pasado 9 de abril de 2026 en la garita ubicada en las calles 60 y 139.
A través de un descargo público, los allegados de Érica detallaron que las filmaciones obtenidas a través del Centro de Operaciones Municipales (COM) de Berisso y de la empresa YPF revelan que, minutos antes de que la testigo principal llegara a asistir a Érica, dos personas se acercaron al módulo policial donde se encontraba la oficial. Tras el suceso que terminó con la vida de Valdez, las mismas dos personas vuelven a aparecer en los registros fílmicos retirándose del lugar a pie y sin prestar ningún tipo de auxilio, lo que para la querella los posiciona como posibles autores materiales de un asesinato.
A esto se suma una declaración testimonial reciente que constata que Érica había recibido amenazas directas por parte de otros oficiales de la fuerza, reforzando la hipótesis de un crimen vinculado al entorno policial.
Frente a este escenario, el abogado de la familia presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata solicitando de manera urgente que se resuelva la falta de conducción en la investigación. En la presentación judicial se exige que se designe de inmediato a una nueva fiscalía interviniente para que la causa no quede paralizada en un momento tan crucial. Asimismo, la querella solicitó formalmente el cambio de carátula definitivo: exigen que se deje de investigar el hecho como un «Suicidio» y se modifique formalmente a «Homicidio».
Hermanos, sobrinos, primos, amigas y hasta la abuela de la oficial unieron sus voces en una masiva campaña pública bajo una sola consigna que resuena con fuerza en toda la región: «Justicia por Érica Valdez». Sostienen con firmeza que no descansarán hasta que se esclarezca lo que consideran un claro femicidio ojalá respaldado pronto por una nueva conducción judicial transparente.