El escándalo de corrupción conocido como la causa de «Chocolate» Rigau ha generado un fuerte cimbronazo político en Berisso. Según una investigación difundida por el portal Ciberdenuncias, la concejal de La Libertad Avanza, Laura Fernández, ha quedado en el centro de la polémica debido a que su entorno familiar directo se encuentra formalmente imputado en el expediente que investiga el desvío de fondos públicos en la Legislatura bonaerense.
De acuerdo a la información suministrada por Ciberdenuncias, los vínculos que comprometen políticamente a la edil libertaria alcanzan a su marido, Antonio Javier Rodríguez, y a su cuñada, Aldana Ayelén Rodríguez. Ambos figuran en el listado de más de 50 imputados bajo la sospecha de formar parte del esquema de «empleados fantasma», una maniobra diseñada para recaudar dinero estatal mediante el uso de tarjetas de débito de personas que no cumplían funciones reales en el cuerpo legislativo.
La fiscal de juicio, Viviana Arturi, ya ha solicitado penas de entre 4 y 6 años de prisión para quienes encabezan la estructura, entre ellos Julio Rigau y Claudio y Facundo Albini. No obstante, la revelación de la fuente Ciberdenuncias sobre la situación de los familiares de Fernández introduce un componente de alta tensión en el Concejo Deliberante local.
Si bien la concejal no enfrenta una imputación directa hasta el momento, la participación de su círculo íntimo en la lista de «tarjeteros» pone bajo la lupa su capital político y la procedencia de los armados territoriales en la región.
Mientras la causa avanza en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata sin una fecha de juicio definida, el impacto en Berisso es inmediato. La sociedad local observa con atención cómo una de las referentes del espacio libertario queda ligada —a través de su esposo y su cuñada— a una de las tramas de defraudación al Estado más resonantes de los últimos años, donde el volumen de fondos bajo sospecha asciende a cientos de millones de pesos.