La Patagonia argentina atraviesa una de sus semanas más críticas de los últimos años. Mientras las columnas de humo cubren el azul de los lagos y el olor a quemado se instala en ciudades como El Hoyo y Bariloche, una pregunta recurre las comunidades afectadas: ¿quién se beneficia realmente cuando el bosque nativo desaparece bajo las cenizas?
A día de hoy, el foco más preocupante se concentra en Puerto Patriada, provincia de Chubut, donde el fuego ya ha devorado más de 3.500 hectáreas. La situación se ha vuelto incontrolable debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, condiciones que los brigadistas describen como un polvorín natural. Cerca de 3.000 personas, entre turistas y residentes, debieron ser evacuadas ante el avance de las llamas en las áreas de interfase, donde la naturaleza se encuentra con los asentamientos urbanos.
A pesar de la intervención de aviones hidrantes y el despliegue del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las comunidades denuncian que la falta de recursos terrestres y la subejecución presupuestaria limitan la capacidad de respuesta frente a un fenómeno de esta magnitud.
Respecto a las investigaciones judiciales, las pericias iniciales en los puntos de origen han sido tajantes. El gobierno provincial confirmó que los incendios fueron provocados de manera deliberada.
Según fuentes de la fiscalía, se han encontrado rastros de líquidos acelerantes en sectores estratégicos de difícil acceso, lo que demuestra un conocimiento del terreno y una intención clara de maximizar el daño. Los peritos aseguran que el inicio del fuego ocurrió en un horario de máxima vulnerabilidad atmosférica, lo que impidió un ataque temprano por parte de las cuadrillas aéreas.
Esta confirmación de intencionalidad alimenta la teoría que circula con fuerza en las asambleas vecinales y sectores de la oposición: el uso del fuego como herramienta para la especulación inmobiliaria y la posterior venta de tierras a capitales extranjeros. Esta hipótesis cobró mayor relevancia tras las recientes reformas legislativas que eliminaron los límites a la compra de tierras por parte de ciudadanos no residentes y las tensiones en torno a la Ley de Manejo del Fuego, que originalmente prohibía el cambio de uso del suelo en zonas incendiadas durante décadas.
Los pobladores locales denuncian que el incendio funciona como una limpieza de terreno forzada. Al perder su valor ecológico y forestal, las tierras protegidas quedan vulnerables a rezonificaciones que permitirían el desarrollo de complejos turísticos de lujo o enclaves privados.
Mientras el gobierno sostiene que la apertura del mercado busca atraer inversiones necesarias para la región, los sectores sociales ven en las columnas de humo una señal de alarma sobre la soberanía del territorio. Con una recompensa millonaria vigente para quien aporte datos sobre los autores, la Patagonia busca hoy respuestas entre las llamas y las cenizas de su patrimonio natural.