Los recortes masivos en el Sector Público Nacional no solo destruyeron más de 60 mil puestos de trabajo y desmantelaron funciones esenciales del Estado, sino que, a casi dos años de gestión, el país no muestra mejoras palpables en sus cuentas ni en la situación económica y social. La promesa de austeridad extrema se traduce en un costo social sin beneficio fiscal evidente.
Un informe reciente sobre la dotación de personal del Sector Público Nacional, con datos actualizados a octubre de 2025, revela el alcance devastador del ajuste impulsado por el gobierno. Desde noviembre de 2023, la planta de personal se redujo en 60.784 puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 17,7%. En términos crudos, el Estado despidió a más de 83 personas por día desde el inicio de la actual administración.
La motosierra no discriminó, pero golpeó con mayor saña a sectores clave. Las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de cesantías, lideradas por casos emblemáticos: Correo Argentino (5.155 despidos), Operadora Ferroviaria S.E. (3.375 desvinculaciones), Banco Nación (2.069 puestos) y Aerolíneas Argentinas (1.887 despidos). El desmantelamiento fue aún más dramático en términos proporcionales. La extinta agencia de noticias Télam sufrió un recorte de cerca del 80% de su personal, siendo seguida por ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., reflejando una clara intención de achicar o eliminar la presencia estatal en áreas de comunicación y energía.
El informe también revela un proceso de vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN). En valores absolutos, el ajuste golpeó a entidades de gestión crítica como ARCA (3.220 puestos eliminados), el CONICET (1.964 trabajadores menos) y el ANSES (1.584 trabajadores menos). El hachazo más profundo se dio en aquellos organismos encargados de la planificación y la política social: el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64% de su planta. Le siguieron la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con un recorte del 43.5%.
La retórica oficial justificó este «ajuste histórico» como la única vía para sanear las cuentas públicas, frenar la inflación y estabilizar la economía. No obstante, a pesar del despido de más de 60.000 trabajadores y el desmantelamiento operativo de decenas de organismos, la realidad económica y social del país no refleja el éxito prometido. Los recortes salariales, la paralización de la obra pública y la licuación de los gastos operativos se ejecutaron con una ferocidad inaudita. Si la eliminación de la dotación de personal supuso un ahorro multimillonario para el Tesoro, la pregunta que se impone es: ¿dónde está la plata ahorrada?
La promesa de equilibrio fiscal a costa del costo social no se tradujo en una reactivación del mercado interno, en una mejora del poder adquisitivo o en una reducción sustancial de la pobreza. Los datos del informe dejan al descubierto la falacia del ajuste como panacea: se destruyó empleo público en magnitudes sin precedentes, pero el país sigue sumido en la inestabilidad, la recesión y con cuentas públicas que no terminan de encauzar el bienestar general.
El gobierno debe una respuesta clara a la sociedad: si el sacrificio fue tan grande, ¿por qué la situación económica y social no ha mejorado, y a qué destino fue a parar el enorme caudal de recursos que supuestamente se «ahorró» con la desvinculación de 60.784 trabajadores? El ajuste, hasta ahora, solo parece tener un resultado visible: un inmenso costo social sin el beneficio económico prometido.