Una familia de Berisso vive desde hace cuatro años una batalla judicial que comenzó tras la muerte repentina de Florencia, una joven que falleció en 2021 pocos meses después de dar a luz. En medio del dolor, una orden judicial los obligó a entregar la tenencia de la beba a un hombre que se presentó como supuesto padre biológico, pese a que no existía ninguna prueba de ADN que respaldara su reclamo.
Florencia, que vivía con su pareja en Melchor Romero y había registrado a su hija con su propio apellido, nunca dudó sobre la paternidad de la niña. Sin embargo, antes incluso del entierro, una ex pareja de la joven —con quien había mantenido una relación dos años antes, en un contexto de violencia de género— solicitó la tenencia y la consiguió de manera casi inmediata.
A pesar de las denuncias de la familia sobre las irregularidades, la Policía Bonaerense ejecutó la orden judicial. El entonces novio de Florencia pidió insistentemente la realización de un ADN, pero su solicitud fue negada. Recién en 2023, dos años después, logró acceder a la prueba: el resultado arrojó un 99,9% de compatibilidad. Pese a la evidencia científica, aún no pudo recuperar ni siquiera el contacto con su hija.
La situación actual de la niña genera aún mayor preocupación. Según denuncia la familia biológica, quienes tienen hoy a la menor tramitaron un nuevo DNI con el apellido del “falso padre” y tampoco la estarían criando directamente. Afirman que la niña quedó al cuidado de la madre del hombre que la reclamó, una mujer sin vínculo familiar con la pequeña, y que vive en un contexto de alta precariedad. Relatan incluso que la llevan “en un carro a pedir dinero en la calle”.
El padre biológico inició un proceso de revinculación ante el Juzgado de Familia Nº7 de La Plata, pero le informaron que no habría turnos disponibles hasta marzo de 2026. “A este hombre le dieron todo rápido. A nosotros no nos atienden. ¿Cómo puede firmarse una orden así sin un ADN, sin saber que Florencia ya no tenía relación con él?”, lamentó la familia, que reclama urgencia para revertir lo que consideran un caso de apropiación y robo de identidad.
Mientras esperan avances, insisten en que el daño ya es profundo y que la Justicia debe actuar sin demoras para restituir a la menor a su entorno legítimo y garantizarle un entorno seguro.