El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha oficializado nuevos aumentos en las tarifas de los servicios de luz y gas . Los incrementos, que oscilan entre el 2% y 3%, se verán reflejados en las facturas que los usuarios recibirán a partir de septiembre.
Los entes reguladores, el ENRE para la electricidad y el ENARGAS para el gas, fueron los encargados de autorizar estas subas a través de una serie de resoluciones.
- Electricidad: Para los usuarios de Edenor, el aumento será del 2,97%, mientras que para los de Edesur será del 2,90%. Estos ajustes se calcularon basándose en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicados por el INDEC, que en julio de 2025 resultaron en 1,9% y 2,85% respectivamente. El impacto en la factura final dependerá de la categoría de cada usuario: los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que los de Nivel 2 y Nivel 3 mantendrán bonificaciones, aunque sujetas a sus rangos de consumo.
- Gas: Se estima un alza promedio del 2% en las tarifas. El incremento, establecido por la resolución 622/2025 del ENARGAS, afecta principalmente el cálculo de las tarifas en el transporte del gas. La magnitud del impacto puede variar significativamente debido a los diferentes segmentos y regiones de los usuarios.
Estos incrementos en los servicios de energía se suman a las subas en las tarifas del transporte público en el AMBA, también autorizadas para entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre. La medida del Gobierno busca sincerar los precios de los servicios públicos, aunque genera un impacto directo en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Estos ajustes forman parte de una política asfixiante continua, para favorecer a los grupos de poder del país. La decisión, que se produce en un contexto de constantes subidas de precios, ya ha generado debate sobre su impacto social y económico. ¿Cómo se ajustarán más las familias con este nuevo panorama económico?