El escándalo de corrupción que sacude al país también llegó a la política de Berisso. El concejal Daniel del Curto ha levantado una grave denuncia que conecta a altos funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires con un supuesto esquema de coimas que involucra fondos nacionales destinados a la municipalidad. El epicentro del escándalo se sitúa en la figura de la secretaria de Integración Socio Urbana (SISU), que desembolsó $68 millones de pesos para proyectos en la localidad.

El edil Daniel del Curto, en una revelación impactante, afirmó que fue convocado a una reunión en la Cámara Alta de la legislatura provincial. En el encuentro, el senador Carlos Curestis, quien es segundo de Sebastián Pareja –mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires y padrino político de la Directora de la UDAI del Anses de Berisso–, le habría hecho una propuesta indecente. Según Del Curto, Curestis le exigió: «de los $68 millones, (girados al Municipio ), por lo menos les tienen que dejar el 10%». A lo que el concejal de Berisso habría respondió : «No pedí nada ni pienso pedir. Me estaban reclamando que pida coimas”.

La denuncia de Del Curto no solo señala al senador Curestis, sino que también apunta directamente a Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia. Cuando se le preguntó sobre Pareja, el concejal no se anduvo con rodeos, tildándolo de «impresentable» y acusándolo de tener «doble discurso», de «cortarle la cabeza a los propios» y de «defender a los corruptos».

La denuncia de Del Curto ha generado un clamor por una acción judicial inmediata. La pregunta que muchos se hacen es: ¿se investigarán estos hechos?

En un contexto en el que la transparencia y el combate a la corrupción son temas centrales en la agenda pública, la declaración del concejal es una alarma que no puede ser ignorada. Es imperativo que la justicia actúe. Los fiscales deberían tomar cartas en el asunto y convocar tanto a Del Curto como a los presuntos involucrados, incluyendo a Cagliardi, para esclarecer lo sucedido. La sociedad de Berisso y del país espera una respuesta contundente que demuestre que nadie está por encima de la ley.

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