Tras haber asumido el pasado 10 de diciembre, Julio Alak decidió llevar adelante una auditoría interna en la administración de la capital provincial que, a poco más de un mes, arroja resultados que dan cuenta de un crecimiento desmedido de la planta municipal, así como también irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales.
Ya en la última parte de su gestión, Julio Garro había sido acusado, desde adentro y desde afuera de su propia fuerza política, por una serie de situaciones que se daban, principalmente alrededor de la nómina de trabajadores dependiente del gobierno platense.
Frente a este contexto, la Municipalidad de La Plata comenzó a utilizar el sistema biométrico que permite controlar el ingreso y egreso del personal a través de la huella dactilar. Durante la primera jornada hubo un ausentismo superior al 60 por ciento.
En el detalle, en Los Hornos se registraron 144 empleados sobre un total de 456, en Villa Elvira 154 sobre 340, en Altos de San Lorenzo 86 sobre 224 y en San Carlos 78 sobre 142; es decir que sobre 1.162 empleados que debían registrar su ingreso, solo lo hicieron 462.
Según determinó el informe que se dio a conocer a finales de esta semana, también comprobó que la Municipalidad le pagaba, en concepto de salario, a personas que están detenidas en la actualidad cumpliendo condenas por participar en severas causas penales. Se trata de detenidos por delitos como homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras causas que contemplan condenas extensas.
En total se comprobó que a 13 personas detenidas por delitos graves en cárceles y alcaldías a las que se les seguía pagando la remuneración como si cumplieran servicios.
“La investigación interna determinó numerosas irregularidades administrativas. En la misma se expone que había personas que cobraban sueldo y no trabajaban; como también agentes que cobraban sueldo sin tener legajo de personal, es decir que no habían cumplimentado los requisitos mínimos para su designación y sin embargo eran asalariados”, reza el documento, que también descubre que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.
También se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.
Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.
Los equipos técnicos encargados de la auditoría identificaron también a dos personas que se anoticiaron de tener un contrato municipal cuando fueron a hacer trámites en otros organismos. Actualmente se están investigando esas contrataciones, que datan de septiembre de 2023, es decir, en pleno tramo final de la campaña electoral en la que Garro buscaba la reelección que finalmente se truncó con el triunfo del peronismo y la vuelta de Alak a la intendencia.
Estas situaciones se dieron en el marco de un aumento de las designaciones que, según se detalla “crecieron desmesuradamente en todos los años electorales”, lo que representa una violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13.295 y a la normativa provincial que regula el Empleo Público.