La historia reciente de la Clínica Mosconi de Berisso dejó de ser la crónica de una resistencia laboral para convertirse en el epicentro de una oscura trama política, financiera y dominial. Mientras miles de afiliados de PAMI siguen sufriendo las consecuencias de haber perdido sus cápitas históricas —un recorte que dejó a unos 6.000 jubilados a la deriva tras la rescisión de contratos y el posterior vaciamiento de la institución—, el edificio de la calle 8 se transformó en el escenario de un insólito romance político entre el intendente peronista Fabián Cagliardi y los referentes locales y provinciales de La Libertad Avanza.

El punto más alto de esta sintonía quedó expuesto en el recinto del Concejo Deliberante, durante el discurso de apertura de sesiones. Allí, ante la mirada atónita de propios y extraños, Cagliardi no dudó en agradecer y reconocer públicamente al concejal libertario Darío Luna y a la senadora Florencia Arietto por sus gestiones conjuntas para el supuesto «rescate» de la clínica.

La escena coronó meses de acercamientos y charlas reservadas con Arietto, la misma dirigente que poco tiempo antes recorría los pasillos del sanatorio lanzando denuncias contra la gestión municipal y que prometía destrabar soluciones desde la órbita nacional —incluida la recuperación de los vitales convenios con el PAMI— para devolverle la operatividad al centro de salud.

Sin embargo, las promesas de la legisladora chocaron contra la realidad: las prestaciones siguen sin normalizarse y las cápitas de los adultos mayores continúan atrapadas en un limbo burocrático.Lo que el relato oficial intenta maquillar con fotos y elogios cruzados es el profundo abandono previo que sufrió el establecimiento bajo la mirada de la administración municipal.

Tras anunciar con bombos y platillos una estatización en 2021 que nunca se concretó y permitir luego que disputas internas, tomas y maniobras irregulares destruyeran una estructura que contaba con 40 camas, terapia intensiva y respiradores, la gestión de Cagliardi dejó caer la clínica hasta que el Ministerio de Salud bonaerense procedió a su clausura sanitaria en 2024.

Más de 130 trabajadores perdieron sus fuentes laborales y las instalaciones quedaron reducidas a ruinas, un deterioro que el propio concejal Luna calificó de «imperdonable» tras recorrer los techos y depósitos de historias clínicas abandonadas.Ahora, con el Hospital Larraín colapsado y la emergencia sanitaria como excusa perfecta, el Ejecutivo municipal decidió tomar el control «de facto» del edificio y anunciar una millonaria inyección de fondos exclusivamente municipales para refaccionarlo.

Es aquí donde surgen los interrogantes más graves sobre el destino del dinero de los contribuyentes berissenses. El municipio ya había desembolsado millones años atrás para sanear deudas de servicios y proveedores sin que eso evitara el cierre; hoy vuelve a volcar recursos de las arcas comunales en una propiedad privada o cooperativa cuya situación legal y dominial es una verdadera incógnita.

No existe información oficial transparente sobre quiénes son hoy los verdaderos dueños del inmueble ni bajo qué marco jurídico la Comuna invierte el dinero de los vecinos en un edificio ajeno. Mientras en noviembre de 2025 el INAES certificó una comisión normalizadora encabezada por Adriana Sandra Gase para intentar ordenar los papeles de una cooperativa quebrada, desde distintos sectores de la oposición y fuentes vinculadas a la causa advierten sobre el vacío normativo de la intervención municipal.

El temor que recorre los pasillos políticos de Berisso es que la plata pública se utilice para poner a punto un cascarón vaciado, sanear sus pasivos y dejarlo listo para un futuro negocio privado.La pregunta que nadie en el Palacio Municipal ni en las filas libertarias quiere responder es directa: ¿quiénes se van a quedar con la Clínica Mosconi una vez que esté remodelada con el bolsillo de los berissenses?

Entre sospechas de desembarcos empresariales que aprovechan las irregularidades en los títulos de propiedad y la promesa de recuperar las jugosas cajas de PAMI e IOMA, la supuesta «recuperación» de la clínica amenaza con convertirse en la transferencia de recursos públicos más opaca de los últimos años en la ciudad.

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