En un país donde los servicios públicos de emergencia suelen sostenerse gracias al compromiso desinteresado de quienes arriesgan su vida por la comunidad, la burocracia administrativa vuelve a asestar un golpe demoledor. La denuncia pública realizada por el Presidente de los Bomberos Voluntarios de Berisso, Roberto Scafati, puso en evidencia una situación tan absurda como indignante: las nuevas disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a las que se adhirió sin mayor análisis el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, han transformado el trámite de renovación de la licencia nacional de conducir para vehículos de emergencia en un negocio sumamente lucrativo para consultoras privadas, perjudicando de manera directa a quienes cumplen un servicio gratuito.
La medida representa un salto desmedido e incomprensible en los costos, pasando de una tasa de 25.000 pesos a la astronómica cifra de 430.000 pesos que deben abonarse a firmas privadas para obtener la habilitación. Resulta inaceptable que la ineficiencia y la falta de criterio de los funcionarios nacionales y provinciales terminen castigando el bolsillo de un servidor público con 38 años de trayectoria ininterrumpida al volante de autobombas y unidades de rescate. Este esquema no solo expone una alarmante desconexión con la realidad de las instituciones comunitarias, sino que trasluce la complicidad o la inoperancia de organismos y dirigentes del propio sistema bomberil que deberían velar por la protección de sus integrantes.
De mantenerse este freno administrativo y económico, la consecuencia directa será el desabastecimiento de choferes capacitados para operar unidades pesadas y cisternas en todo el territorio nacional. Es urgente que las máximas autoridades adopten medidas inmediatas para dar marcha atrás con una normativa que privatiza las ganancias de los trámites estatales a costa del esfuerzo voluntario, antes de que el fuego de la burocracia termine consumiendo la operatividad de los cuarteles.