El discurso de la meritocracia y la excelencia académica, embanderado fuertemente por la gestión de Javier Milei, acaba de recibir un duro golpe tras la revelación que salpica a la flamante titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Adriana Baravalle. La funcionaria, presentada oficialmente en las redes del presidente como una «eminencia en ciberseguridad y doctora en Inteligencia Artificial», quedó en el ojo de la tormenta luego de que una investigación y posterior denuncia penal presentadas por la diputada Marcela Pagano pusieran al descubierto graves irregularidades sobre la autenticidad de su titulación.
La investigación judicial y parlamentaria puso sobre la mesa lo que muchos califican como una burda farsa en la construcción de los antecedentes del Gabinete. La diputada Pagano llevó a cabo una «compra de prueba» para desenmascarar el funcionamiento de la American Andragogy University (AAU), la entidad no acreditada radicada en Hawái a la que se vincula el supuesto título de la funcionaria. Mediante este procedimiento, la legisladora demostró que fue posible acceder a un «Doctorado en Inteligencia Artificial» en apenas ocho días, sin rendir un solo examen ni presentar un título de grado previo, pagando una irrisoria tarifa de 400 dólares tras recibir una «beca» jamás solicitada.
Este hallazgo desarma la narrativa de la «superioridad moral y técnica» promocionada por el oficialismo para justificar el nombramiento de sus cuadros políticos. Lejos del rigor científico exigido a la comunidad académica argentina —la cual ha sufrido sistemáticos recortes y descalificaciones por parte del Ejecutivo—, la conducción del área de Ciencia y Tecnología parece haber quedado en manos de quien ostenta credenciales obtenidas mediante mecanismos opacos y cuestionables que en otros países ya provocaron cesantías y causas penales. La complacencia y la falta de auditoría interna a la hora de validar los pergaminos de los altos mandos exponen una severa contradicción entre la retórica anticasta y las prácticas reales del gobierno.
La denuncia penal ya tramita en los tribunales para determinar si existieron delitos como la usurpación de títulos, falsedad ideológica o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mientras la Justicia avanza con los peritajes y solicitudes de informes a universidades nacionales e internacionales, el episodio deja al descubierto la fragilidad del relato libertario: un gobierno que prometió la llegada de los profesionales más calificados de la historia concluye promoviendo títulos express de 400 dólares para ocupar sillas clave en la administración del Estado.