La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) tiene previsto solicitar la «revocación mediante acciones legales» del «protocolo» de seguridad propuesto por Patricia Bullrich.
Según la APDH, el «Protocolo para el mantenimiento del orden público» representa una versión mejorada del presentado por esta funcionaria al inicio de su cargo en el gobierno de Mauricio Macri, el cual nunca se empleó debido a su manifiesta ilegalidad.
En sintonía con su postura de aquel entonces, la APDH rechaza hoy en día esta normativa por contravenir completamente nuestro marco legal y por abrir la posibilidad de cometer delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de aplicarlo, reprimiendo a quienes participen en marchas y movilizaciones callejeras.
Contrariamente a lo establecido en el mencionado «Protocolo», es deber del Estado, en todos sus niveles, garantizar el respeto a los derechos de disentir y de protesta. El uso de la fuerza pública debe orientarse a proteger el ejercicio de esos derechos, nunca para sofocarlos.
La manifestación pacífica en sus diversas formas, ya sea a través de movilizaciones, reuniones o incluso cortes de rutas y calles, constituye una parte esencial de la expresión democrática. En sociedades diversas y desiguales como la nuestra, la democracia no radica en los consensos, sino en los desacuerdos. La esencia democrática reside en la capacidad de convivir a pesar de las discrepancias.
En una entrevista con InfoGEI, un representante de la APDH enfatizó que «La libertad de expresión y los derechos derivados de esta son fundamentales para el núcleo democrático de la Constitución Nacional, y, por consiguiente, cualquier gobierno debe defenderlos con absoluta determinación y compromiso».
Dado que el «Protocolo» anunciado es inconstitucional y la actitud de la funcionaria responsable de su implementación es claramente antidemocrática, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos rechaza esta lamentable decisión gubernamental, anuncia su intención de buscar su anulación por medio de acciones legales y reafirma su compromiso con la defensa de las libertades y derechos fundamentales que la normativa pretende limitar.