Argentina enfrenta una nueva derrota judicial en el exterior tras el fallo adverso de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La decisión habilita el embargo de activos depositados en cuentas del Banco Central argentino en la Reserva Federal (Fed) de ese país, permitiendo a un grupo de acreedores (fondos Buitres) tomar posesión de aproximadamente 310 millones de dólares.
El conflicto se remonta a la emisión de los bonos Brady en la década de 1990, instrumentos financieros respaldados con títulos del Tesoro estadounidense como garantía. Aunque la Argentina pagó los bonos Brady en marzo de 2023, los títulos entregados como garantía permanecieron en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.
Un grupo de fondos de inversión, conocidos como «holdouts» o «fondos buitre», adquirieron deuda en default desde 2001 y nunca ingresaron a los canjes de deuda ofrecidos por la Argentina. Estos acreedores, representados por fondos como Attestor Master Value y Trinity Investments, reactivaron su reclamo sobre los activos utilizados como garantía de los bonos Brady en junio de 2021.
La Corte Suprema estadounidense denegó la apelación del gobierno argentino, considerando que los derechos de reversión vinculados a esos activos habían sido utilizados previamente en actividades comerciales, lo que los despojaba de inmunidad a embargos.
Este caso marca un nuevo capítulo en la compleja relación financiera y legal entre la Argentina y sus acreedores internacionales, y subraya las consecuencias de no alcanzar acuerdos amplios en procesos de reestructuración de deuda.