La central termoeléctrica Ensenada de Barragan, seguirá siendo estatal, luego que IEASA rechazara la oferta de Niky Caputo por inadmisible
Según confirmaron desde Ieasa -exEnarsa-, para la licitación de la central de Ensenada de Barragán, se recomendó declarar inadmisibles las ofertas de YPF y Central Puerto, mientras que para la licitación de la central Brigadier López se recomendó como admisible la oferta de Central Puerto.
A raíz de una denuncia del kirchnerismo, la Justicia Federal imputó al primer mandatario argentino por intentar vender «a precio vil» las centrales termoeléctricas. De acuerdo a fuentes allegadas, el fiscal Pollicita inició la instrucción y ya pidió medidas de prueba, poniendo la causa en trámite.
Junto a él, quedaron involucrados en la investigación los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
La causa, que está a cargo del juez Daniel Rafecas -quien ya había rechazado una cautelar de la oposición para suspender el proceso licitatorio de las usinas, motivo por el cual en el Gobierno piensan que no prosperará-, se origina a partir de una tasación de los bienes que según los diputados opositores le ocasiona una pérdida de 400 millones de dólares al Estado.
Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.