La eliminación de subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se consolida como una de las políticas de ajuste más severas del gobierno de Javier Milei, según confirmó el propio presidente durante su reciente paso por Tucumán. Este anuncio no solo amenaza con un nuevo y drástico tarifazo para los usuarios, sino que se da en un contexto de aumentos inminentes y una marcada contradicción con sus promesas de campaña del 2023.
El golpe a la economía doméstica es doble. Por un lado, los usuarios ya deben afrontar la nueva estructura de costos que regirá a partir de noviembre. El boleto mínimo de colectivo se ubicará en $547,57 en CABA y $550,69 en la provincia de Buenos Aires, mientras que el subte porteño escalará a $1.114,91.
Por otro lado, la confirmación de Milei sobre la intención de profundizar la eliminación de los subsidios que aún mantiene el Estado, con el objetivo de «ordenar las cuentas públicas», allana el camino para un tarifazo aún mayor. El mandatario destacó que las tarifas «hoy cubren más del 80%», sugiriendo que la corrección continuará hasta el retiro total del apoyo estatal.
Este escenario es especialmente preocupante si se considera el impacto actual en los hogares. El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) revela que en septiembre un hogar promedio ya destinó $74.692 al transporte público, lo que implica un incremento del 33% respecto al mismo mes de 2024.
La medida ha reavivado la polémica en redes sociales al confrontarse directamente con las declaraciones de Milei durante el debate presidencial de 2023. En aquel entonces, ante una pregunta de Sergio Massa, el entonces candidato de La Libertad Avanza (LLA) negó rotundamente que fuera a tocar las tarifas.
En un ejercicio de cálculo con precios de ese momento, Milei había asegurado:
«No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere, y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas.»
Hoy, con la economía aún en dificultades y sin el prometido repunte que permitiría a los ciudadanos afrontar mayores costos, el presidente no solo toca las tarifas, sino que profundiza la quita de subsidios, incumpliendo su palabra. Esta contradicción subraya la brecha entre el discurso electoral y la praxis de gobierno, cargando el ajuste sobre la espalda de los trabajadores y estudiantes.
El brutal incremento en el costo del transporte ya está teniendo un impacto directo en la movilidad social. Los datos son elocuentes: entre enero y julio de este año, la utilización de trenes metropolitanos cayó un 7,26% en comparación con 2024, y un alarmante 27,82% respecto a 2019. El subte también registró una baja importante, señal de que los usuarios están reduciendo sus viajes o buscando alternativas más económicas, lo cual es un indicador de la caída del poder adquisitivo y la restricción económica impuesta a la población.
La profundización de la quita de subsidios, justificada como una necesidad para «ordenar las cuentas», ignora la función social del transporte público como derecho y motor de la actividad económica, y amenaza con expulsar a más ciudadanos del sistema de movilidad formal, en un círculo vicioso de ajuste y contracción.