Una controvertida orden judicial, impulsada por el Ministerio de Seguridad, ha frenado la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, generando una fuerte reacción en el ámbito periodístico que denuncia una potencial censura previa y una vulneración de los derechos constitucionales. La medida se suma a una solicitud de allanamiento contra periodistas, encendiendo un debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país.
El conflicto escaló luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitara el allanamiento de los domicilios de los periodistas Mauro Federico, Fabián Doman (del programa Data Clave) y Jorge Rial, acusándolos de ser parte de una supuesta «operación de inteligencia no institucional» cuyo fin sería desestabilizar al gobierno. La demanda presentada por la administración de Milei argumenta que la publicación de los audios busca «influenciar en el proceso electoral» y atenta contra la «estabilidad» de la política económica. Entre los argumentos más insólitos de la acusación, el Gobierno habla de la intervención de la inteligencia rusa en la supuesta operación.
Sin embargo, para diversas voces del periodismo y el derecho, las acciones del Gobierno no solo representan un ataque directo a la prensa, sino que colisionan con principios fundamentales de la Carta Magna. En un contexto donde la Constitución Nacional protege el secreto de las fuentes periodísticas —un pilar esencial del oficio—, la orden de allanamiento es vista como un intento de intimidación. La propia Ley de Inteligencia Nacional no puede estar por encima de los derechos consagrados en la Constitución.
A pesar de los argumentos de la defensa de prensa, el juez federal Patricio Alejandro Maraniello, a quien diversas fuentes acusan de intento de abuso a una trabajadora judicial y de no tener competencia en la causa, resolvió acoger parcialmente la medida cautelar del Gobierno. El magistrado ordenó el «cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación… que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei». Aunque el juez negó que su fallo constituya una censura previa, alegando que busca proteger «intereses estatales comprometidos», la orden de notificar a todos los medios de comunicación a través del ENACOM ha desatado una ola de críticas por su carácter anticonstitucional y su impacto en el derecho de prensa y expresión.
Este caso pone de manifiesto una tensión creciente entre la seguridad del Estado y la libertad de prensa, reavivando el debate sobre los límites de la información pública.